Análisis de la ley Ema, una normativa que busca prevenir la violencia digital en las aulas

La nueva Ley Ema les da a las escuelas bonaerenses herramientas unificadas para identificar, abordar y prevenir la violencia digital entre adolescentes, desde el ciberacoso hasta la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Así lo explicó en LU9 la doctora María Inés Yeannes, de las Defensorías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata. Desde marzo, esas defensorías recorren colegios de la ciudad con charlas de prevención.

Según detalló, ya dieron “casi 90 charlas en los colegios de Mar del Plata”, porque advierten que se trata de conductas evitables: “Son conductas que se pueden prevenir, donde uno trabaja y concientiza”.

Qué establece la Ley Ema

La norma, aprobada por la Legislatura bonaerense, apunta a “proteger la convivencia digital y segura en los ámbitos escolares y prevenir la violencia digital”, resumió Yeannes.

La ley les da herramientas a colegios, docentes y directivos para detectar esas situaciones, que van “desde las más graves hasta las más leves”. Entre las más graves ubicó la difusión de imágenes de contenido sexual sin consentimiento. Entre las otras mencionó el bullying y el acoso digital, aunque aclaró que “tampoco son leves porque entramos siempre dentro de la violencia”.

Los casos se trabajarán desde los equipos técnicos de cada escuela. Cuando haya un posible delito, la institución podrá articular con las fiscalías u otros organismos del Estado.

Un criterio único para toda la provincia

Yeannes señaló que la ley llega acompañada de una guía. Hasta ahora algunos colegios tenían sus propios protocolos, pero “de esta manera se unifica el criterio” en toda la provincia de Buenos Aires.

Además, así como existe la ESI para la educación sexual, la norma incorpora la ciudadanía digital a los contenidos curriculares. No es solo para los alumnos: también alcanza a docentes y personal no docente.

Yeannes mencionó también otras conductas, como el llamado sharenting, que es compartir constantemente imágenes en redes sociales. Eso puede afectar a una persona y considerarse violencia digital.

Procesos restaurativos, con padres y comunidad

En el ámbito educativo, la ley propone procesos restaurativos que definen cómo tratar a la víctima y al victimario, con charlas en las que también participen los padres y la comunidad.

Yeannes vinculó la norma con la Ley Olimpia, de alcance nacional, y remarcó que las mujeres son “el grupo que más sufre” la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Detrás de la ley, una muerte

“No nos tenemos que olvidar que hay una muerte atrás de esta ley y que hay muchas más sin nombre”, subrayó la defensora.

La norma lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente que se quitó la vida en agosto de 2024, después de que se difundieran fotos íntimas suyas en su entorno escolar. Según Yeannes, esa situación “quizás no llegó a trabajarse de la manera adecuada”.

También recordó que en el Congreso se trabaja en la llamada Ley Belén, por Belén San Román, la policía bonaerense que se quitó la vida después de que su expareja difundiera contenido íntimo.

Saber que está mal, pero no medir las consecuencias

En las charlas, los defensores parten de una idea simple: desde chicos se aprende que robar es un delito, y después las lesiones o los homicidios. Con la violencia digital pasa algo distinto. Los adolescentes “saben que están mal”, pero “quizás no alcancen a darse cuenta de las consecuencias negativas que eso tiene”, ni de que algunas de esas conductas constituyen un delito.

Entre los ejemplos, mencionó la difusión de imágenes sexuales y el uso de la inteligencia artificial para poner la cara de una compañera sobre un cuerpo desnudo.

Por eso insistió en trabajar la responsabilidad de los chicos no solo desde la justicia penal, sino también en la escuela: “Detectar y prevenir, que es lo más importante para evitar llegar a instancias ulteriores”.

El rol de los padres

Le preguntaron por las familias que niegan que su hijo pueda estar ejerciendo este tipo de violencia. Respondió que en las escuelas ese abordaje quedará en manos de los equipos técnicos, con la participación de padres y comunidad.

Desde la defensoría, dijo, se busca “siempre conversar, tratar de que las personas entren en razón”. Admitió que muchas veces eso ocurre “tardíamente” y que también se trabaja la responsabilidad de los adultos.

Cuándo interviene la Justicia

No todas las conductas que contempla el protocolo de la Ley Ema son delitos. Cuando lo son, se inicia una causa penal como en el fuero de adultos, “con una investigación, con una imputación, con un abordaje integral que se le hace al joven y un acompañamiento también a la familia”, aunque con el alcance propio del proceso penal juvenil.

El objetivo de fondo, concluyó, es que la ley ayude a “evitar que los chicos ingresen al sistema de responsabilidad penal juvenil”.

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LU9