Femicidio en Córdoba: la Fundación Sur cargó contra el Estado, la Justicia y los organismos de niñez

La conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, derivó en reclamos de mano dura y hasta de pena de muerte. Para la abogada Laura Musa, directora de la Fundación Sur, ese camino esquiva el problema de fondo: la desprotección estructural de los chicos y las chicas en la Argentina, un país que, según planteó, dice amar a su infancia mientras desfinancia los organismos que deberían cuidarla.

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, Musa fue categórica: existen leyes, existen organismos y existen obligaciones legales incumplidas. Su mensaje apuntó menos a la indignación pasajera y más a una herramienta concreta que la mayoría de la población desconoce: la oficina de protección de derechos de la niñez que, por ley, debe funcionar en cada municipio del país.

Una fundación que litiga gratis por los chicos

Musa explicó que hace más de 20 años conformó, junto a voluntarios, una organización para que los chicos accedan a sus derechos, incluso por la vía judicial cuando es necesario. "Somos abogados gratuitos para niños y adolescentes", resumió. Desde ese trabajo cotidiano, dijo, no observan lo que figura "formalmente en las páginas de los distintos organismos", sino lo que ocurre en la práctica, en la Justicia y en la administración pública.

A partir de esa experiencia llegó su advertencia central: la sociedad y el propio Estado se perciben como defensores de la consigna "primero los niños", pero —sostuvo— "no nos mintamos más". El país puede tener políticas públicas para los sectores con poder de presión, mientras los chicos, que no se representan a sí mismos, quedan sin una verdadera protección integral de sus derechos.

Leyes que existen y no se cumplen

La Argentina, recordó Musa, incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución reformada en 1994. Ella era diputada cuando se votó: "Me emocioné también porque se aprobara tan simplemente", relató, y agregó que con el tiempo entendió el truco, que esos tratados "no se iban a cumplir", de modo que aprobarlos resultaba "gratis".

El resultado, según describió, es un sistema con instrumentos legales de sobra y ejecución mínima. Cuando una familia necesita acceso a la salud, a la educación de calidad o a la alimentación, aparece lo que definió como "años de peregrinaje": derechos garantizados en el papel que no se vuelven concretos.

Una oficina en cada municipio, también en Mar del Plata

El eje práctico de su planteo fue claro: cualquier municipio del país tiene, creado por ley, un organismo de protección de derechos de la infancia, que suele depender de áreas de desarrollo humano o desarrollo social. "Estoy en Mar del Plata, es una ciudad muy grande, tiene esa oficina, la tiene", señaló, y subrayó que ese organismo está obligado a articular recursos del Estado para sostener a una familia y evitar que "se caiga" de la sociedad.

Esos espacios, en la Ciudad de Buenos Aires, se llaman defensorías de derechos de niños. En muchas provincias ya existen, aunque —dijo Musa— resultan "invisibles a las necesidades". Su pedido a la población fue concreto: localizar dónde está esa oficina, difundir el dato y exigir que atienda, del mismo modo en que cualquier vecino reclama cuando un organismo público no funciona.

Programas que figuran en la web pero no se financian

Musa puso el foco en una contradicción que ve a diario. Las páginas oficiales de los organismos de protección, dijo, "tienen disneylandia, tienen todos los programas": fortalecimiento familiar, acompañamiento, asistencia. Pero cuando aparece el caso real de un chico o de una madre que necesita esos programas, "ahí empieza el peregrinaje porque no están financiados, cada vez se desfinancian más".

Aclaró que el problema "es bastante transversal a todos los gobiernos", ya que administraciones de distinto signo político tampoco financian estas áreas, en parte porque la sociedad no las reclama. Y describió un círculo vicioso: una población que no sabe que estos organismos existen y unos organismos que, por integrar cada Estado provincial o municipal, evitan exigirle a su propio gobierno para no generar conflictos.

Del reclamo de pena de muerte a la exigencia que importa

Durante la charla quedó planteada una contradicción social: indignarse hasta pedir la pena de muerte por un caso como el de Agostina y, al mismo tiempo, reclamar que el Estado se achique y "saque de la vista" a las familias en situación de calle. Musa coincidió en que esa indignación "no permite ver con claridad" y propuso correr el eje hacia una tarea ciudadana: ubicar las oficinas de protección, difundirlas y ponerlas "en un nivel de exigencia".

En esa línea, contó que la Fundación —aunque trabaja en la Ciudad de Buenos Aires— envía de forma gratuita a quien lo solicite el escrito para iniciar el reclamo administrativo, un acto que permite exigir después en términos procesales. De todos modos, insistió, esa iniciativa debería partir de cada oficina barrial.

El miedo a los organismos y la situación de calle

Musa advirtió que las familias y los propios chicos muchas veces temen a estas estructuras. Recordó el testimonio de niños que dijeron haberse escapado de un lugar "porque le teníamos miedo a niñez", por temor a ser separados de sus padres. Algo similar, planteó, ocurre con las personas en situación de calle, que en los paradores suelen sufrir robos de sus pertenencias.

Frente a ese esquema, propuso alternativas como las casas de medio camino y viviendas en desuso que el municipio podría poner a disposición, en lugar de respuestas que se limitan a ofrecer un parador por una noche. "Hay que escuchar", reclamó, y pidió articular la situación completa de cada familia.

Una construcción de años y un piso mínimo de derechos

Para Musa, la tragedia no es un hecho aislado ni responsabilidad de un solo gobierno. "Todo eso fue pacientemente construido en años de dejadez", afirmó, y señaló que la pobreza en niveles extraordinarios es resultado de sucesivas gestiones que hoy deben hacerse cargo de "recuperar" a una sociedad empobrecida en lugar de "borrarla con una pluma".

El cierre fue un piso irrenunciable: ningún chico debería quedar sin acceso a la escuela pública de calidad, a la alimentación diaria y a la salud. "Menos que eso, somos salvajes", sentenció.

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LU9