Funcionarios bonaerenses rechazaron la privatización de AySA y cuestionaron el aumento de tarifas
El ministro Gabriel Katopodis y el intendente Fernando Gray expusieron en la audiencia pública del ERAS para oponerse al traspaso de la empresa y los nuevos cuadros tarifarios.
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El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) llevó a cabo este lunes una audiencia pública con el fin de evaluar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para modificar los coeficientes zonales que determinan las tarifas en el AMBA. El objetivo central de la iniciativa es ampliar la protección a usuarios vulnerables, aunque el proceso no es vinculante.
Durante la jornada, diversos funcionarios bonaerenses expresaron su rechazo a la gestión nacional. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, se presentó por indicación del gobernador Axel Kicillof para denunciar lo que calificó como una estafa.
En representación de todos y todas las bonaerenses, por indicación del gobernador Axel Kicillof, me presenté en la Audiencia Pública de AySA para rechazar el tarifazo y denunciar la estafa de su privatización. ¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado, sostuvo el ministro.
Katopodis remarcó que las tarifas ya sufrieron un incremento del 555% y advirtió sobre la paralización de casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023. Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, cuestionó el impacto de la privatización en la infraestructura regional.
¿Podemos pensar que esta nueva concesionaria va a continuar las obras del río subterráneo Sur, que beneficia a los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Florencio Varela? El monto de esta sola obra supera los 340 millones, mientras están regalando AySA, señaló el jefe comunal.
Gray recordó que ha presentado acciones judiciales, incluyendo un amparo contra las cláusulas del pliego que permiten la interrupción de servicios por falta de pago y contemplan una década de desinversión. El intendente concluyó que el proceso representa un perjuicio para millones de bonaerenses e instó al gobierno nacional a frenar la privatización y mantener la empresa en manos del Estado.
