La Justicia frenó el plan de ajuste en el INTI y suspendió la resolución 213/2025
El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó suspender por seis meses la resolución que eliminaba servicios de metrología legal y certificaciones del organismo.
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La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La resolución, firmada por el magistrado Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, ordena frenar la aplicación de la resolución 213/2025.
La medida judicial dispone la suspensión por un plazo de seis meses de la totalidad de los efectos de la norma, la cual establecía el cese de servicios regulados y certificaciones vinculadas a la metrología legal, incluyendo la aprobación de modelos y verificaciones de instrumentos de medición. Esta decisión se suma a otra resolución tomada en mayo de este año por el mismo magistrado, que ya había frenado el cierre de unos 600 servicios del organismo en el país.
El plan original contemplaba un cronograma de cese de actividades escalonado que iniciaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires el 31 de enero de 2026 y se extendía a las provincias durante el primer semestre de ese mismo año. La orden judicial prohíbe explícitamente cualquier traslado, reubicación, préstamo o disposición de equipamiento técnico sensible, tales como patrones nacionales de medida, etilómetros, cinemómetros y balanzas patrón.
En cuanto a la situación laboral, la cautelar impone al organismo la obligación de garantizar la ocupación efectiva y la continuidad de todos los agentes de la Dirección Técnica de Metrología Legal y del Organismo de Certificación, manteniendo las funciones, categorías, salarios y condiciones de trabajo vigentes al 28 de diciembre de 2025.
Este fallo no es sólo en favor de ATE y los trabajadores del INTI, sino también de decenas de miles de PyMEs y del funcionamiento de una buena parte de la sociedad, ya que los servicios que brinda este organismo resultan de una importancia trascendental, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
El dirigente sindical añadió:
Una vez más le ganamos a la motosierra.Para Rodolfo Aguiar, la medida judicial ratifica que no se puede cerrar el organismo ni realizar despidos, calificando como un triunfo la obligación del Estado de mantener la estructura, el presupuesto y la atención frente a la gestión actual.
