La Libertad Avanza pidió el juicio político contra la jueza que suspendió la Ley Penal Juvenil
El diputado nacional Alejandro Carrancio presentó el pedido de enjuiciamiento contra la magistrada Marta Elba Pascual, quien había frenado la aplicación de la norma en la provincia de Buenos Aires.
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El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente un pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La medida responde a la decisión de la magistrada de suspender, días atrás, la aplicación de la Ley nacional 27.801 en todo el territorio bonaerense.
La presentación fue realizada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En el escrito, se sostiene que la jueza excedió los límites de su función al dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso y avanzar sobre competencias del poder legislativo mediante una medida de alcance general.
La magistrada había dictado una cautelar por 60 días tras un pedido de la ONG Federación Familia Grande Hogar de Cristo, vinculada al padre José María “Pepe” Di Paola. Sin embargo, los jueces Miguel Navascués y Miguel Alberdi, integrantes de la Cámara de Lomas de Zamora, revocaron posteriormente dicho fallo.
Para La Libertad Avanza, el episodio excede la discusión jurídica puntual y pone en cuestión un principio básico del sistema republicano: los jueces deben aplicar y controlar las leyes dentro de sus competencias, no sustituir al Congreso ni bloquear de manera general una decisión legislativa nacional.
El pedido de Alejandro Carrancio solicita la suspensión preventiva de la jueza mientras se sustancia el juicio político. Esta decisión recae en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, aunque previamente la Secretaría Permanente de Juicio Político deberá determinar la admisibilidad de la denuncia.
Cabe recordar que la Ley Penal Juvenil, sancionada en febrero, aún no está en vigencia. Además del caso bonaerense, la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3, declaró la inconstitucionalidad de la norma este lunes. Ante esto, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evalúa presentar un pedido de juicio político similar.
La nueva legislación busca bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, limita a 15 años la pena máxima de prisión efectiva, reduce las escalas penales y prioriza alternativas a la cárcel. Por su parte, la jueza Marta Elba Pascual, aunque manifestó estar de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad, argumentó que el sistema institucional no se encuentra preparado para su aplicación.
