La UIF acusó a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita y corrupción sin precedentes
La querella presentó su acusación en el juicio por lavado de dinero, señalando un esquema de corrupción que involucró a los expresidentes y empresarios amigos.
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En el Tribunal Oral Federal N°5 comenzó la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa Hotesur-Los Sauces. La expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner siguieron el desarrollo del proceso judicial a través de la plataforma zoom.
La querella sostuvo que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una asociación ilícita de carácter estable y permanente. El objetivo, según la acusación, fue beneficiar a empresarios amigos con contratos públicos y apoderarse de fondos del Estado mediante mecanismos de lavado de dinero.
Así, crearon un sistema para transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios a los propios expresidentes a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de complejos hoteleros, construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades.
De acuerdo con la información brindada por NA, la familia Kirchner lograba que, mediante la inmobiliaria Los Sauces, los pagos por la obra pública se incorporaran a su patrimonio con apariencia de origen lícito. En el expediente están imputadas 24 personas, entre ellas los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La UIF señaló que los expresidentes aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales de sus cargos les otorgaban. La maniobra, según la querella, se financió mediante la defraudación con la obra pública en Santa Cruz y el crecimiento exponencial de las empresas del Grupo Indalo.
El esquema comenzó en 2006 con la conformación de Los Sauces. Posteriormente, se celebraron contratos de locación simulados a precios superiores a los de mercado para justificar las transferencias. Entre 2009 y 2016, la inmobiliaria recibió más de 25 millones de pesos. Tras la lectura, el presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el 13 de noviembre.
