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      Alarma por la privatización de la costa: denuncian que "las playas públicas desaparecen bajo la sombra de las concesiones"

      En diálogo con "Pasen y Vean", programa que se transmite de 9.30 a 12 horas por LU9 Mar del Plata, César Ventimiglia, presidente de la asociación civil Mirada Ciudadana, analizó el reciente informe elaborado por la ONG, junto a Sufrider, que revela el incumplimiento sistemático de los contratos en la ciudad, por lo que en algunas zonas, el espacio de acceso libre a las playas se reduce a penas un 11% durante la marea alta.

      11 de febrero de 2026 | 21:00
      Alarma por la privatización de la costa: denuncian que "las playas públicas desaparecen bajo la sombra de las concesiones"

      La discusión por el uso del espacio público en las playas de Mar del Plata vuelve a instalarse en la agenda. Un informe elaborado por la ONG Mirada Ciudadana junto a Surfrider Argentina revela presuntos incumplimientos sistemáticos en la ocupación de sectores concesionados y denuncia un avance creciente sobre las franjas de arena destinadas al acceso libre y gratuito.

      En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, el titular de Mirada Ciudadana, doctor César Ventimiglia, confirmó que analizan y ya iniciaron acciones judiciales vinculadas tanto al uso del espacio público costero como a un proyecto para construir una torre de 35 pisos en el barrio Stella Maris.


      Denuncian reducción del espacio público en playas concesionadas

      Según explicó Ventimiglia, la problemática no es nueva, pero se profundiza temporada tras temporada. "Cada verano se avanza más sobre la línea de playa pública", señaló, y advirtió que en algunos balnearios incluso "se instalan sombrillas pagas en sectores que deberían ser libres".

      De acuerdo al relevamiento presentado por las organizaciones, en los sectores concesionados cada turista dispone de aproximadamente 35 metros cuadrados, mientras que en los espacios públicos la disponibilidad se reduce a unos 2,5 metros cuadrados por persona. Para la ONG, esa diferencia "habla claramente de una discriminación hacia quienes no pueden o no quieren pagar una carpa".

      La normativa vigente establece que debe garantizarse al menos un 30% de playa pública libre en áreas concesionadas, tanto en Playa Grande como en Punta Mogotes y en los balnearios del sur. Sin embargo, desde las entidades aseguran que el problema no es la falta de regulación sino el incumplimiento y la ausencia de controles.

      "El gran regulador es el Estado. Las normas están para cumplirse y quienes tienen que exigir el cumplimiento son las autoridades", sostuvo Ventimiglia. Y agregó que si el Estado "desoye el reclamo del vecino común y consiente los abusos de la gran empresa, estamos ante una situación de abuso de poder".


      Torre de 35 pisos en Stella Maris

      En paralelo, Mirada Ciudadana confirmó que inició una acción judicial contra la Municipalidad por el proyecto de una torre de 35 pisos en el barrio Stella Maris.

      Ventimiglia vinculó esta iniciativa con el debate más amplio sobre el modelo de ciudad. "Planteamos una disyuntiva muy clara: Mar del Plata, ciudad de todos o Mar del Plata, ciudad de pocos", expresó.

      Según indicó, la organización -cuyo eje es la preservación del patrimonio arquitectónico, urbanístico e histórico- cuestiona que este tipo de desarrollos no se ajusten a una planificación integral. Además, planteó interrogantes sobre la seguridad y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias en edificios de gran altura.

      "Nos gustaría conocer cuál es la capacidad de respuesta de los bomberos ante un siniestro en un piso 35", remarcó, en referencia a recientes incendios ocurridos en la ciudad que, según afirmó, dejaron en evidencia "muy poca respuesta de quienes son responsables".


      Una mesa de trabajo por el espacio público

      Mirada Ciudadana integra, junto a Surfrider, la Asociación de Gestores Culturales, La Tribu Verde Marplatense, Defensores del Patrimonio y la Red de Cultura para el Desarrollo, una mesa de trabajo que durante el último año organizó un ciclo de nueve charlas sobre espacio público y planificación urbana.

      El eje del debate, explicó Ventimiglia, gira en torno a si la ciudad debe priorizar el acceso libre y gratuito a sus bienes comunes o profundizar la comercialización de esos espacios.

      "Estamos convencidos de que los espacios públicos son de todos. No estamos en contra de los emprendimientos privados, pero sí de los abusos", afirmó.


      Reclamo por mayor control estatal

      Consultado sobre la posibilidad de avanzar judicialmente para exigir el cumplimiento de la normativa que garantiza el porcentaje de playa pública, Ventimiglia reconoció que para una ONG resulta costoso afrontar litigios contra el Estado y grandes empresas.

      "A pesar de la disparidad de recursos, lo encaramos porque hay un bien superior que proteger: el patrimonio urbanístico, histórico y ambiental de Mar del Plata", señaló.

      Y concluyó que el Estado "debería pronunciarse claramente en favor del vecino de a pie y no de los grandes intereses comerciales y empresariales".

      La polémica por la ocupación de las playas públicas y el modelo de desarrollo costero vuelve así a abrir un debate clave para la ciudad, en plena temporada y con el acceso al mar como uno de los principales bienes comunes en discusión.

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