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      Análisis del Fiscal Walter Martínez Soto sobre la baja de imputabilidad

      En 'Ecos del Día', programa que se transmite de 17 a 20 horas por LU9 Mar del Plata, el fiscal del Fuero de Menores, Walter Martínez Soto, analizó la baja de imputabilidad que busca llevar el gobierno sobre los crímenes de los menores de edad.

      14 de febrero de 2026 | 21:00
      Análisis del Fiscal Walter Martínez Soto sobre la baja de imputabilidad

      En medio del debate nacional por la baja de la edad de imputabilidad, el fiscal del Fuero de Menores de Mar del Plata, Walter Martínez Soto, calificó la iniciativa como "una medida demagógica" que "en nada va a aportar" a la solución de la violencia.

      En declaraciones públicas, el funcionario judicial sostuvo que reducir la edad para juzgar penalmente a menores de 18 años busca generar un impacto simbólico, pero no resolverá el problema de fondo. Según planteó, creer que el endurecimiento del sistema penal cambiará la realidad es una respuesta de corto plazo que no ataca las causas estructurales del delito juvenil.

      "No va a cambiar la realidad"

      Martínez Soto consideró que la propuesta puede generar "un estado de shock" en la opinión pública, pero remarcó que eso no se traduce en mayor seguridad. A su entender, se trata de una reacción que intenta dar una señal frente al reclamo social, aunque "no va a dar la solución que se pretende".

      Advirtió además que, si la medida fracasa, podría abrir la puerta a nuevos intentos de bajar aún más la edad de punibilidad, en una escalada que solo profundizaría el problema.

      Para el fiscal marplatense, el eje debe estar puesto en "políticas efectivas de inclusión social y educación", con una mirada de largo plazo que permita construir una sociedad más integrada y en paz.

      La realidad de los barrios en Mar del Plata

      Al analizar el anuncio de un seguimiento "persona a persona" para los menores en conflicto con la ley, Martínez Soto expresó dudas sobre su viabilidad en contextos complejos como los que atraviesan distintos barrios de Mar del Plata.

      Señaló que no todos los sectores de la ciudad presentan las mismas condiciones y describió que existen zonas donde incluso la policía toma recaudos especiales para intervenir. En ese escenario, se preguntó qué herramientas reales tendrá un operador social para acompañar a un joven que vive en un entorno atravesado por violencia, consumo problemático y familias con conflictos penales.

      Institutos especiales y reinserción

      El proyecto contempla la creación de institutos específicos para menores condenados, con garantía de educación, atención médica, tratamiento de adicciones y prohibición de convivencia con adultos.

      Sin embargo, el fiscal afirmó que "todo eso debería actualmente estar funcionando" y reconoció que el sistema de reinserción "fracasa con las herramientas que el Estado provee". Explicó que, si bien puede haber un principio de resocialización durante el encierro, esa evolución se ve frustrada cuando el joven recupera la libertad y vuelve a un contexto sin acompañamiento sostenido.

      También mencionó problemas de infraestructura, falta de personal y políticas cambiantes según las gestiones provinciales.

      Convención de los Derechos del Niño y límites constitucionales

      Uno de los puntos centrales de su planteo es jurídico. Martínez Soto recordó que la Argentina incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía constitucional, lo que impide equiparar penas de menores con las de adultos y prohíbe sanciones como la prisión perpetua para adolescentes.

      En ese sentido, cuestionó el eslogan "delito de adulto, pena de adulto" y advirtió que desconoce compromisos internacionales vigentes. Remarcó que el sistema penal juvenil exige penas y ejecuciones diferenciadas, con eje en la reinserción y la educación.

      "La prevención no es del Poder Judicial"

      El fiscal fue enfático al señalar que la prevención del delito no depende del Poder Judicial. "La prevención no es del Poder Judicial, es del Poder Ejecutivo", sostuvo, y agregó que las normas son dictadas por el Poder Legislativo.

      También rechazó los discursos sobre la llamada "puerta giratoria" y consideró que esas expresiones tienden a deslegitimar la función judicial, cuando los jueces y fiscales aplican leyes vigentes sancionadas por el propio Congreso.

      Finalmente, advirtió que pensar en la baja de la edad de imputabilidad como una "solución mágica" implica desconocer la complejidad del fenómeno delictivo juvenil. Para Martínez Soto, sin una política integral de educación, salud mental, trabajo e inclusión, el endurecimiento penal solo aumentará la frustración social y no resolverá el problema de fondo.

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