Baja de la edad de imputabilidad: "El problema grave de la Argentina es el crimen organizado"

La reciente aprobación de la ley que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años generó fuertes cuestionamientos desde el ámbito jurídico y de derechos humanos. Marisa Graham, exdefensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, realizó un análisis "absolutamente negativo" de la norma y advirtió que Argentina podría enfrentar nuevas condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En diálogo radial, sostuvo que la legislación es "deficitaria" desde el punto de vista penal y que implica un retroceso histórico. Además, alertó que podría declararse inconstitucional y que viola tratados internacionales suscript-externoos por el país, como la Convención sobre los Derechos del Niño.

Críticas jurídicas y riesgo internacional

Graham explicó que la ley no solo es cuestionable por la baja de la edad de imputabilidad, sino también por su estructura técnica. Señaló que carece de escalas penales diferenciadas y que, a diferencia del régimen anterior (ley 22.278), no prevé penas morigeradas para adolescentes.

En ese sentido, recordó que la normativa vigente hasta ahora establecía para los menores punibles la misma pena que para adultos, pero en grado de tentativa, lo que implicaba una reducción. Según remarcó, la nueva ley no contempla esa atenuación y permite que un adolescente de 14 años pueda recibir una condena de hasta 15 años, algo que consideró desproporcionado.

También advirtió que se están incumpliendo estándares internacionales. Recordó que Argentina ya fue condenada en casos como "Mendoza" y "Fornerón" y afirmó que con este nuevo régimen "seguimos acumulando incumplimientos". A su entender, el plexo normativo aprobado es "inconstitucional y anticonvencional".

Delito juvenil y estadísticas

La exdefensora cuestionó además el argumento de que la baja de imputabilidad responde a un aumento del delito juvenil. Sostuvo que Argentina es uno de los países más seguros de la región si se mide la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes.

Detalló que en 2024 el índice fue de 3,7 homicidios cada 100 mil habitantes, uno de los más bajos de América Latina. Y subrayó que los delitos cometidos por menores de 18 años representan un porcentaje ínfimo del total.

Según un estudio realizado por la Defensoría en 2024, sobre un universo de 13,6 millones de chicos y chicas de entre 12 y 18 años, solo el 0,45% estaba de alguna manera vinculado al sistema penal. Es decir, el 99,45% no comete delitos.

Asimismo, desmintió que la pobreza sea un factor determinante en la comisión de delitos, aunque reconoció que el sistema penal es selectivo. En sus palabras, "las cárceles están llenas de gente pobre, acá y en el mundo", y lo mismo ocurre con los dispositivos de encierro juvenil. Indicó que en otros sectores sociales los conflictos penales suelen resolverse por vías familiares o privadas.

Narcos, crimen organizado y menores

Para Graham, el verdadero problema de la inseguridad en Argentina es el crimen organizado y el narcotráfico, que recluta a adolescentes en barrios vulnerables.

Sostuvo que hay zonas del país donde el Estado está ausente y el narco ocupa ese lugar. En ese contexto, afirmó que es más fácil detener a un adolescente de 14 años que enfrentar a las organizaciones criminales. Según expresó, el foco debería estar en los adultos que utilizan a los chicos para delinquir.

También cuestionó que la ley no resuelve qué hacer con los menores no punibles. Planteó que si ahora se baja la edad a 14 años, el interrogante será qué ocurrirá con los chicos de 13 que cometan delitos, y advirtió que se trata de "pasar la pelota para adelante".

¿Puede revertirse la ley?

Consultada sobre la posibilidad de frenar la aplicación de la norma, indicó que una vez promulgada ya es ley, aunque podría judicializarse y eventualmente la Corte Suprema declararla inconstitucional. Sin embargo, consideró que no será un proceso sencillo.

Lo que sí anticipó es que el Comité de los Derechos del Niño probablemente vuelva a observar y cuestionar al Estado argentino. Recordó que desde 2002 ese organismo recomienda reformar el régimen penal juvenil, pero bajo condiciones claras: no bajar la edad de imputabilidad, no agravar las penas para adolescentes de 16 y 17 años, establecer la privación de libertad como última ratio y avanzar hacia un modelo de justicia restaurativa.

La baja de la edad de imputabilidad reabre así un debate profundo sobre seguridad, derechos humanos y políticas públicas en Argentina, con impacto directo en miles de adolescentes y en el cumplimiento de los compromisos internacionales del país.