Baja de la edad de la imputabilidad; "Si seguimos sin poner la mirada en la prevención, los casos de delincuencia juvenil van a seguir creciendo"
En diálogo con "Ecos de Mañana", programa que se transmite de 7.30 a 9.30 horas por LU9 Mar del Plata, Dr. Federico Adler, abogado especializado en Derecho Penal, explicó el proyecto presentado por el Gobierno Nacional respecto a la baja de la edad de imputabilidad, que de acuerdo al Ministerio de Seguridad Nacional, buscan establecerla en los 12 años.
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La Cámara de Senadores bonaerense aprobó la Ley de Ejecución Penal Juvenil, una normativa que regula cómo deben cumplirse las sanciones a menores de edad que cometen delitos. El proyecto fue impulsado por el abogado marplatense Dr. Federico Adler, quien remarcó que se trata de una deuda histórica del sistema judicial provincial.
La ley, sancionada el 30 de diciembre como ley 1571, establece un marco específico para la ejecución penal juvenil e incorpora herramientas de justicia restaurativa, con el objetivo de que las penas privativas de libertad no se conviertan en espacios de reproducción de la violencia y el delito.
Una deuda histórica del sistema penal juvenil
Adler explicó que hasta ahora no existía en la provincia de Buenos Aires una norma clara que indicara cómo abordar la ejecución de una pena cuando el autor del delito es menor de edad. En ese sentido, sostuvo que la nueva ley busca que el paso por el sistema penal no termine siendo una "escuela del delito".
El abogado señaló que la normativa apunta a que la privación de la libertad sea útil y formativa, evitando que los jóvenes salgan sin herramientas para reinsertarse socialmente y aportar a la comunidad.
Justicia restaurativa y planes individuales
Uno de los ejes centrales de la ley es que cada medida aplicada a un menor tenga un plan individual, dejando atrás las recetas generales. Según Adler, no se trata de un universo enorme de jóvenes en conflicto con la ley penal, por lo que es posible un abordaje personalizado sin necesidad de recursos exorbitantes.
En ese marco, advirtió que muchos de estos adolescentes crecieron sin límites, afecto o acompañamiento, y que el Estado suele llegar tarde, únicamente desde una lógica represiva. Para el impulsor de la ley, la presencia estatal debe fortalecerse desde la prevención y el acompañamiento, no solo desde el castigo.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad
La sanción de la ley se da en un contexto donde vuelve a instalarse el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Adler fue contundente al respecto y afirmó que esta discusión aparece periódicamente como una solución mágica, pero que está "científicamente demostrado que no lo es".
Sostuvo que, si no se pone el foco en la prevención, el acompañamiento familiar y las herramientas educativas y sociales, los delitos seguirán ocurriendo, más allá de la edad a la que se pueda castigar penalmente a un joven.
Mitos, inconstitucionalidad y riesgos para el sistema
El abogado también buscó desarmar algunos mitos instalados en la opinión pública. Aclaró que no es cierto que los jóvenes de 14 años sean impunes ante delitos graves como un homicidio, ya que actualmente se les aplica una medida de seguridad y permanecen privados de la libertad.
Además, advirtió que una eventual baja de la edad de punibilidad sería inconvencional e inconstitucional, ya que Argentina asumió compromisos internacionales a partir de la reforma constitucional de 1994, especialmente a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe medidas regresivas en materia de derechos de menores.
Por último, expresó preocupación por proyectos que buscan eliminar el requisito de que el delito tenga una pena mínima de dos años para iniciar un proceso penal juvenil. Según explicó, esto podría saturar el sistema con causas menores, como peleas callejeras, y quitar recursos y tiempo a investigaciones complejas como homicidios, abusos sexuales o robos con armas.
Prevención versus represión
Desde su experiencia como secretario en un juzgado penal juvenil entre 2016 y 2017, Adler recordó que existía un fuerte desequilibrio presupuestario, donde por cada peso destinado a la prevención se invertían diez en la represión del delito.
En conclusión, el impulsor de la Ley de Ejecución Penal Juvenil remarcó la necesidad de avanzar en propuestas alternativas que apunten a construir una sociedad mejor, en lugar de seguir ampliando un sistema penal que, sin políticas de fondo, no logra resolver las causas estructurales de la violencia juvenil.


