Casación devolvió expediente a Servini; Macri más complicado
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El juez
Eduardo Riggi, de la Cámara Federal de Casación Penal, le devolvió la causa que
investiga la persecución al Grupo Indalo y sus accionistas a la jueza María
Servini, luego de que defensa denunciara que la decisión de quitarle el
expediente a la magistrada de primera instancia era "injustificada" y buscaba
"paralizar" el avance de las medidas de prueba, además de realizar la
presentación por mal desempeño de Riggi ante el Consejo de la Magistratura.
"Habiéndose
extraído fotocopias y copias digitalizadas del expediente principal, así como
del "pen drive", cuyo contenido se desconocía, devuélvanse dichas piezas al
juzgado federal interviniente", señaló brevemente la resolución.
Servini
había solicitado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y
Crimen Organizado (Dajudeco) que entregara un informe con el resultado de los
entrecruzamientos telefónicos entre Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez
Simón, José Torello, integrantes de la AFIP y posiblemente importantes jueces,
en momentos clave del desarrollo de la causa Oil Combustibles y de lo que fuera
el encarcelamiento de sus accionistas Cristóbal López y De Sousa, eje de la
denuncia de maniobras ilegales contra el Grupo Indalo.
Pero además,
había fijado declaraciones testimoniales y hasta el cronograma de indagatorias
que tiene al ex AFIP Alberto Abad para declarar como imputado en marzo próximo.
Pero, en un
hecho sin precedentes para Casación Penal, el juez Eduardo Riggi había
dispuesto en las últimas horas de 2020 que toda la investigación sobre los
intercambios de llamados del expresidente Mauricio Macri y varios integrantes
de su gobierno acusados de integrar una asociación ilícita sea elevada al
máximo tribunal penal del país. No sus copias digitalizadas, sino toda la causa
física.
Tras
conocerse esa decisión, Carlos Beraldi, abogado del empresario Fabián De Sousa,
presentó un planteo ante esa Cámara para que se devolviera el expediente a
Servini en forma urgente. Para el letrado, la remisión de la causa careció de
"toda justificación fáctica y jurídica" y provocó una suspensión de las medidas
de prueba en marcha. "En los hechos, la investigación quedará paralizada",
había advertido Beraldi. Incluso, presentó una denuncia por mal desempeño de
sus funciones contra el juez Eduardo Riggi ante el Consejo de la Magistratura.
El
entrecruzamiento que llevó adelante la Dajudeco fue lo que más irritó a Macri y
al resto de los imputados y lo que motivó la presión para intentar que no se
lleve adelante bajo ningún formato. El informe de las llamadas podría incluir
no sólo comunicaciones entre el expresidente y el director de La Nación Fernán
Saguier días antes de que ocurriera la primera publicación del caso Oil (que
gatilló el resto de las acciones que se sospechan coordinadas), sino que coincidiría
con el mensaje que había enviado Rodríguez Simón a los accionistas de Indalo
sobre que se preparasen "para la guerra".
Por eso, la
decisión del titular de la Sala III de Casación Penal, Eduardo Riggi, de
llevarse el expediente de Indalo en el momento en el que podría conocerse ese
informe clave sobre Macri llamó mucho la atención en ámbitos judiciales.
"Mantener
las actuaciones ante este Tribunal, con la consecuencia que ello implica, no
solo constituye una severa irregularidad sino, antes bien, pone en duda la
imparcialidad del magistrado y genera un posible caso de mal desempeño en el
ejercicio de la función jurisdiccional", señaló Beraldi en su escrito.
Hay indicios
firmes en el expediente que fundamentan que el accionar de Macri y sus adláteres
actuaron en asociación para perjudicar a los accionistas del Grupo Indalo.


