Congreso concluye que hubo espionaje ilegal en la era Macri
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Para el
Congreso de la Nación, entre los años 2015 y 2019, el Poder Ejecutivo montó una
matriz de espionaje ilegal con fines políticos que utilizó recursos e
instituciones del Estado para llevar adelante un "plan sistemático" como
"método de dominación y extorsión" a adversarios políticos y empresarios.
El dictamen
de la mayoría oficialista de la Comisión Bicameral de Fiscalización de
Organismos y Actividades de Inteligencia, bajo el acápite "Estado mafioso",
plasmó lapidarias conclusiones acerca del desempeño del Gobierno de Mauricio
Macri. Pero lo que resultó de mayor impacto es la cifra de víctimas de esas
maniobras: 307 víctimas directas confirmadas (a través de distintos casos
judiciales que vieron la luz en diferentes células dedicadas al espionaje
estatal y paraestatal); 43 intervenciones de servicios de inteligencia en
causas penales en tan sólo los primeros 12 meses de gestión.
"Eso
está absolutamente probado. Algunos de ellos son figuras públicas notorias,
como Cristina Kirchner, y otros dirigentes políticos. Pero otras fueron a
organizaciones no gubernamentales", aseguró el diputado del Frente de
Todos y titular de la Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, en
conferencia de prensa desde el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso.
El titular
de la Bicameral de Inteligencia explicó que se "se montó un Estado
paralelo, clandestino y secreto, un modo sistemático de acción que se
desarrolló a través de células paralelas dentro del Estado" para llevar
adelante el espionaje ilegal sobre "307 ciudadanos y 170 organizaciones
políticas, gremiales, comunitarias y religiosas han sido víctimas de ese
espionaje ilegal" durante el gobierno de Cambiemos.
Además,
Moreau indicó que se recomendó a ambas Cámaras del Congreso la conformación de
una nueva bicameral parlamentaria para estudiar la conducta de los magistrados
judiciales implicados en el entramado de espionaje ilegal.
La comisión
emitió un dictamen de mayoría con las firmas de los diputados Eduardo Valdés,
Blanca Osuna, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, y los senadores Claudio
Doñate, Gerardo Montenegro, Oscar Parrilli y Sergio Leavy.
En tanto, la
oposición suscribió un despacho de minoría avalado por el diputado del PRO,
Cristian Ritondo, su par Sebastián García de Luca; el radical, José Cano y la
senadora de la UCR, Pamela Verasay, en los que consideraron inválido el
accionar de la Bicameral por "temor a imparcialidad" y por violar
secretos de terceros y el secreto de las actuaciones judiciales.
En tanto, el
senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, indicó que el espionaje llevado a
cabo durante el macrismo fue parte de "un plan económico de
empobrecimiento de la gente".
"Esto
no fue hecho porque nacieron malos. Lo hicieron para llevar adelante un plan
económico de empobrecimiento de la gente, de despidos, de aumentos de tarifas y
de endeudamiento", aseguró el legislador oficialista.
Además, el
extitular de la AFI durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
aseguró que "lo que la comisión informa son los casos que se
comprobaron". "Esto no quiere decir que sean todos. Probablemente
fueron muchas más las víctimas de este accionar mafioso del anterior
Gobierno", sentenció.
Durante
varios meses, la comisión recogió testimonios para investigar el espionaje
durante el macrismo y, a fines de diciembre, le presentó a la titular del
Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al titular de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa, un informe crítico sobre el manejo de la Corte y del presidente
de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, sobre la oficina de las escuchas.
La comisión
emitió un dictamen de mayoría con las firmas de los diputados Eduardo Valdés,
Blanca Osuna, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, y los senadores Claudio
Doñate, Gerardo Montenegro, Oscar Parrilli y Sergio Leavy. En tanto, la
oposición suscribió un despacho de minoría avalado por el diputado del PRO,
Cristian Ritondo, su par Sebastián García de Luca; el radical, José Cano y la
senadora de la UCR, Pamela Verasay.
Fuentes
parlamentarias adelantaron que serán las autoridades de las Cámaras quienes
deberán definir si ese informe puede servir para cuestiones administrativas o
la presentación de una denuncia o incluso el pedido de juicio político.
Durante
varios meses, la comisión recogió testimonios y documentos que confirman el
espionaje ilegal efectuado durante el macrismo.
