El Consejo de Guerra define la responsabilidad de oficiales de la Armada en el hundimiento
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El Consejo
General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho
altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan
difundirá este lunes al mediodía su resolución, aunque los fundamentos del
juzgamiento militar se conocerán en la semana, probablemente el viernes,
informaron a Télam fuentes de la cartera de Defensa.
El Consejo
de Guerra está conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto
(EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el
brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras
que lo preside un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos
Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.
El
funcionamiento del Consejo General de Guerra que emitirá su resolución está
reglamentado por la ley 26.394 (Justicia Militar) sancionada en 2008, que
derogó el Código de Justicia Militar, introdujo modificaciones al Código Penal
y Código Procesal (al personal castrense) y aprobó el Procedimiento Penal
Militar para Tiempo de Guerra y otros conflictos, entre otras innovaciones.
En el caso
de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analizó
desde el miércoles 25 de noviembre último, en audiencias celebradas en el
Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y
responsabilidad frente al hecho del exjefe de la Armada Marcelo Srur (a quien
el exministro de Defensa Oscar Aguad le pidió el pase a retiro en diciembre de
2017) y del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis
López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.
El Consejo
de Guerra también evaluó las acciones y responsabilidades del exjefe de
Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del exjefe de Operaciones Carlos
Ferraro; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; como
también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, capitán
de fragata Hugo Correa y capitán de corbeta Jorge Sullia.
La
resolución que se conocerá este lunes en horas del mediodía será la cuarta
intervención del Consejo General de Guerra desde que el Congreso derogó el
Código de Justicia Militar (a través de la ley 26394), precisaron a esta
agencia desde la cartera de Defensa.
La
proximidad de la difusión del fallo del Consejo de Guerra generó en los últimos
días pronunciamientos de entidades ligadas a la Marina pero también de abogados
que representan a familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan.
El Centro
Naval, que nuclea a miembros de la Armada retirados o en actividad, difundió un
comunicado en el que aseguró que "los marinos están en estado de vigilia
por el cercano desenlace que juzga a un grupo de oficiales por los sucesos
ocurridos con el submarino ARA San Juan".
En el
comunicado, el Centro Naval planteó que "el único responsable de la
navegación segura, del rendimiento de ingeniería, de los disparos precisos (en
el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante" y luego
señaló, en relación al fallo, que "aguarda que el Consejo de Guerra, en su
decisión, resguarde estos principios, valores y votos, porque de otra forma
estaría cambiando la esencia de la profesión del marino y la ancestral figura
del Comandante en el mar".
También en
relación al fallo del Consejo General de Guerra, la abogada querellante Valeria
Carreras emitió en las últimas horas un comunicado en el que aseguró que
"los militares procesados que están siendo juzgados disciplinariamente por
el Consejo de Guerra han desplegado una serie de acciones de presión contra los
miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro
(jubilación)".
Carreras,
junto a sus pares Lorena Arias y Fernando Burlando, representa a la mayoría de
las familias de tripulantes en la causa por el hundimiento que tramita en la
Justicia Federal de Caleta Olivia y en la que intervino la Cámara Federal de
Comodoro Rivadavia.
"Indigna
a los familiares de esta querella, no sólo las presiones, sino el argumento de
las defensas de los imputados, culpando a la tripulación y su comandante por el
destino final del submarino, tal como hizo el exministro de Defensa (Oscar)
Aguad el 17 de mayo de 2019", señaló la abogada.
Los
familiares de los submarinistas fueron espiados por la base Mar del Plata de la
Agencia Federal de Inteligencia que encabezaban Gustavo Arribas y Silvia
Majdalani, en el marco de la gestión de Mauricio Macri, tal como denunció el
miércoles 23 de septiembre pasado la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Esta
denuncia derivó en la apertura de una causa por espionaje ilegal cuyos primeros
pasos procesales y medidas de instrucción se realizaron en los Tribunales
Federales de Mar del Plata aunque la semana pasada la Cámara Federal de esa
ciudad atlántica ordenó el pase del expediente al Juzgado Federal de Dolores.
