El Estado será querellante en la causa contra Macri por la deuda con el FMI
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El Gobierno
nacional instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que
se constituya como querellante, en representación del Estado, en la causa que
investiga si existió "administración fraudulenta y defraudación contra la
administración pública" de parte del expresidente Mauricio Macri y otros
funcionarios, en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Así se
estableció por medio del Decreto 239/2021 publicado este viernes en el Boletín
Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Justicia, Martín Soria y de su par
de Economía, Martín Guzmán.
En el
artículo 1° del decreto se "instruye al Procurador del Tesoro para que se
constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N°
3561/2019 "Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración
fraudulenta y defraudación contra la administración pública".
La causa
tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la
Capital Federal.
El artículo
1 agrega la necesidad de que el Procurador "coadyuve en la promoción de la
acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos
responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan
y que podrían haber damnificado al Estado".
El
endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido
por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado -al abrir las sesiones
ordinarias en el Congreso- como "la mayor administración fraudulenta y la
mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra".
En ese
marco, el Presidente anunció que iniciará una querella criminal para impulsar
la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.
En tanto, en
el artículo 2° del decreto publicado este viernes, también se instruye al
Procurador "a iniciar las acciones conducentes al recupero de los
eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados,
facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en
el proceso penal".
Del mismo
modo, se instruye a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) "para que
determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que
pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos
para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By
iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus
documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios".
Las
autoridades también solicitan la "colaboración" del Banco Central de
la República Argentina (BCRA) en sus materias de competencia.
"La mayor administración
fraudulenta"
En el marco
de la Asamblea Legislativa de marzo pasado, el Presidente anunció el inicio de
la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la
Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la
constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que
encabeza Zannini.
Durante su
discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado, el Presidente
reveló que había "instruido a las autoridades pertinentes para que
formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido
los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor
malversación de caudales que nuestra memoria registra".
En los días
previos, comenzó a circular por despachos oficiales la denuncia del director
del Banco Nación, Claudio Lozano, contra Macri, el exministro de Hacienda
Nicolás Dujovne y el expresidente del Banco Central Guido Sandleris, entre
otros, por la toma de deuda presentada en 2019, según pudo reconstruir Télam.
Esa denuncia
formó parte de la documentación que la conducción del Banco Central, elevó a la
Sigen.
