El Gobierno activó los mecanismos para las reformas judiciales
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El Gobierno
comenzó a activar los mecanismos para llevar a la práctica los anuncios de
reforma de distintos estamentos del Poder Judicial realizados por el presidente
Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, informaron fuentes oficiales.
En tanto,
ministros y funcionarios nacionales elogiaron y dieron detalles sobre las
iniciativas que ya tienen tratamiento parlamentario -en algunos casos con media
sanción del Senado- o que serán presentadas en el corto plazo, como la
reglamentación del artículo 280 del Código Procesal o la creación de un
Tribunal Federal de Garantías.
La ministra
de Justicia, Marcela Losardo, pidió al Parlamento que debata la reforma del
fuero federal y el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para que Daniel
Rafecas se convierta en el nuevo procurador general de la Nación, en línea con
el reclamo planteado el lunes último por el Presidente ante la Asamblea
Legislativa.
"Hemos
presentado proyectos que se debatieron en el Senado y estamos esperando que los
trate Diputados para el mejoramiento de la Justicia", señaló Losardo al
hablar por FM Futurock, en referencia a las iniciativas de reforma del fuero
federal y de modificación de la forma de elección del Procurador.
Losardo se
refirió de esta forma al discurso del Presidente, quien ante la Asamblea
Legislativa afirmó que "el sistema judicial de la Nación está en
crisis" y ratificó la necesidad de la reforma, al tiempo que propuso un
Tribunal Federal de Garantías o la implementación del juicio por jurados para
la sanción de delitos graves en el ámbito federal, entre otras iniciativas.
En relación
al funcionamiento de la Corte Suprema, Losardo indicó que es necesario
"establecer la exacta competencia que le otorga la Constitución", y
en este sentido pidió analizar el alcance del "recurso extraordinario
federal".
"Los
supuestos de los recursos se fueron ampliando y hoy se admiten casos de
arbitrariedad que llevan a la discrecionalidad. La ampliación de casos que debe
resolver la Corte es materialmente imposible y así es como una causa puede
estar años en la Corte", evaluó.
Por su
parte, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, juzgó que
el Poder Judicial "tiene que escuchar" los reclamos de la sociedad,
"transformarse" y, en coincidencia con el discurso del Presidente,
apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli, quien -dijo- "está
investigado por integrar una banda".
Al igual que
Losardo, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, pidió a la oposición
que "se siente a debatir" los proyectos impulsados por el Ejecutivo
para la optimización del sistema de Justicia.
En
declaraciones a Radio Nacional, Mena juzgó que la oposición no debate
"porque esta situación de una Justicia ineficiente y que no convence a
nadie le viene muy bien" porque, dijo, "satisface sus intereses y
permite impunidad para exfuncionarios del gobierno anterior".
Los fiscales
Por su
parte, los fiscales manifestaron su rechazo al paquete de reformas a través del
titular de la Asociación de Fiscales nacionales, Carlos Rívolo, quien definió
el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal como un
"pelotón de fusilamiento para los fiscales".
Los jueces
Los jueces,
por su parte, no habían logrado consensuar una postura: desde la mañana de este
martes la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
prometía la difusión de un comunicado que seguía sin emitirse.
Sin embargo,
Télam pudo recoger al menos tres tipos de reacciones frente al discurso
presidencial: los que hicieron trascender cierto enojo a través de distintos
medios, los que no se dieron por aludidos y los que llamaron a sus respectivos
interlocutores en el Gobierno para quejarse.
"Al que
le quepa el sayo que se lo ponga. No creo que el Presidente hubiera hablado de
todos nosotros", le dijo a esta agencia un funcionario judicial con
despacho en los tribunales federales de Comodoro Py, donde varios jueces y
fiscales se sintieron aludidos por el discurso.
Un
comentario extendido entre magistrados fue que ningún integrante del Poder
Judicial se manifestó en defensa ni de Stornelli, ni del presidente de la
Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, ni de la jueza de la Corte
Elena Highton de Nolasco, los tres aludidos por referencias del discurso
presidencial.
Dentro del
Gobierno, en tanto, comenzaron a moverse los resortes para llevar a la práctica
los anuncios: el mismo lunes, tras el discurso, el Presidente dialogó con
Losardo y con otros colaboradores, aunque la letra chica quedará en manos de la
secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
