El Gobierno aprobó un protocolo de alerta para desalojos de inquilinos
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El Gobierno
aprobó este martes el "Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos
de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales". De esta
manera se busca brindar asistencia a aquellas familias que incumplieron con sus
obligaciones a raíz de la crisis económica que el año pasado profundizó la
pandemia de coronavirus Covid-19.
De acuerdo
con la Resolución 5/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial y que lleva la
firma del secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Juan Scatolini, el
nuevo protocolo tiene por objetivo "sistematizar información y
caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en
instancia de mediación o judicial; desarrollar un Registro que permita la identificación
de la persona, familia o grupo conviviente y proponer convenios de colaboración
y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a
evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales".
En dicho
registro se incluirá información personal de los inquilinos tal como
composición del grupo familiar o conviviente, si lo hubiera, especificando
personas en situación de vulnerabilidad; registro del contrato en la AFIP,
plazo de vigencia de la locación, canon locativo, monto y frecuencia de
actualizaciones, pago de expensas, impuestos y/o servicios a cargo del
locatario; localización, características y condiciones edilicias del inmueble
que habitan los locatarios alcanzados en el protocolo; ingresos, deudas y otros
datos que contribuyan a la caracterización socio-económica de la persona o
grupo locatario y estado en que se encuentran los procesos de desalojo e
información de partes intervinientes.
El Gobierno
elevó además de 6 a 12 el número máximo de cuotas que los locatarios tienen
para saldar las deudas por "diferencia de precio y por falta de pago, pagos
realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales".
El 1° de
abril pasado venció el congelamiento de los precios de los contratos de
alquiler y la suspensión de los desalojos por falta de pago que dispuso el
Gobierno en medio del momento más duro de la cuarentena decretada en el marco
de la pandemia de coronavirus Covid-19.
El plan del
Gobierno ahora es "coordinar acciones" para, mediante proyectos de casas
construidas con aportes del Estado Nacional, "abordar soluciones
habitacionales" para aquellos inquilinos que estén pasando por esa última
situación.
Sobre este
punto, el nuevo protocolo detalló que "se prevé la firma de convenios que
permitan establecer porcentajes de viviendas en stock o en construcción que
puedan ser utilizadas" con ese propósito.
Además, se
tendrá en cuenta "la posibilidad de acceso a la vivienda a través de compra,
comodato, alquiler con opción a compra u otras formas, a determinar de acuerdo
a la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los
hogares".
Para definir
a qué personas se ayudará primero, el Poder Ejecutivo elaboró una serie de
"mecanismos de priorización de acuerdo a la disponibilidad y grado de
vulnerabilidad de las personas o familias que se pretenden proteger".
Entre los
grupos con prioridad se encuentran las familias monomarentales y
monoparentales; las personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad;
las víctimas de violencia de género; los discapacitados, y quienes están en
extrema pobreza y/o indigencia.
