El Gobierno de Nicaragua dijo que los precandidatos detenidos tramaban un golpe de Estado
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El
Gobierno de Nicaragua justificó la detención de opositores y aspirantes a la
presidencia a los que acusa de tramar un golpe de Estado contra
el presidente Daniel Ortega, a quien la comunidad internacional imputa estar
limpiando el camino para intentar un cuarto mandato consecutivo en las
elecciones de noviembre.
El canciller Denis Moncada dijo
en una entrevista a la cadena Telesur que los delitos que les imputan a los
detenidos están relacionados "con el encabezamiento y la dirección de
golpes de Estado (...), y actividades vinculadas con terrorismo, que menoscaban la independencia y la soberanía
del Estado nicaragüense",.
El número de arrestos subió a 19 el martes, entre
ellos cinco precandidatos
presidenciales, políticos, un banquero e incluso excamaradas de armas de Ortega, acusados de "incitar a la injerencia
extranjera" y "aplaudir sanciones" contra el Gobierno
sandinista, que volvió al poder en 2007.
Tras una redada policial que se inició el 2 de
junio, fueron detenidos losprecandidatos Cristiana Chamorro,
Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana) y
Miguel Mora.
Cristiana Chamorro es acusada de lavado de dinero
a través de la fundación que presidió y que llevaba el nombre de su madre, la
expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Al resto se le aplica una ley aprobada por el
Congreso oficialista que permite procesar a quienes cometan actos que inciten
"a la injerencia extranjera".
"Quienes están siendo procesados (...) no son
candidatos presidenciales, son directivos de organismos no
gubernamentales que reciben financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos y
de la Unión Europea, y los
destinan precisamente para desestabilizar el país", aseguró el canciller,
citado por la agencia de noticias AFP.
Ortega,
un exguerrillero que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en
2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos
reelecciones sucesivas.
Sus adversarios estiman que buscará un cuarto
mandato en los comicios del 7 de noviembre.
Es acusado por la oposición y la comunidad
internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la represión de las
manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron más de 300 muertos y
miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
El miércoles, la Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos,Michelle
Bachelet, urgió a Nicaragua a un "cambio urgente" de actitud
en el proceso electoral y a "liberar" a los opositores detenidos
"arbitrariamente".
La expresidenta chilena urgió a "cesar todo acto de persecución en contra
de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen
posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la
legislación restrictiva del espacio cívico y democrático".
En paralelo a una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 59 países
llamaron a Managua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas
controvertidas leyes.
Preocupación argentina
El representante argentino ante el consejo, Federico Villegas Beltrán, manifestó también su preocupación ante
"las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, la
persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la
disidencia".
Beltrán apoyó el pedido de Bachelet de que su gente pueda volver a entrar a
Nicaragua, según un comunicado de Cancillería, días después de que Argentina y
México, de manera coordinada, llamaran a consultas a sus embajadores en
Nicaragua.
En Estados Unidos, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó la
Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en
Nicaragua (RENACER por sus siglas en inglés), una norma para promover
"elecciones libres" y nuevas sanciones a allegados de Ortega.
En
paralelo, Human Rights Watch exhortó a la ONU a incrementar la presión para
proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, en un
informe que detalla "hostigamientos", "arrestos" y
"procesos penales arbitrarios" contra críticos del presidente, en
algunos casos implicando "tortura".
