El Gobierno destinó $145.000 millones del Aporte Solidario para enfrentar la pandemia
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El
Tesoro Nacional comenzó a distribuir los $145.000 millones generados hasta este
lunes por el Aporte Solidario y Extraordinario para hacer frente a las
urgencias sanitarias y económicas que impone la pandemia del COVID-19,
informaron fuentes oficiales.
Los fondos del Aporte fueron destinados a la
compra de vacunas, medicamentos e insumos sanitarios, asistencia a las PyMEs y
los trabajadores, inversión en educación, mejoras habitacionales en barrios
populares y el fomento de la inversión en el sector gasífero.
La primera distribución de fondos, cobrados al 27
de mayo a contribuyentes con
patrimonios superiores a los $200 millones, ya se asignaron a políticas previstas en la Ley
27.605, que establece el destino de los recursos extraordinarios.
Esos fondos deben destinarse a financiar la política sanitaria (20%); subsidiar a las
PYMES para sostener los puestos de trabajo (20%); inyectar más recursos en las
becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios
populares (15%) y apuntalar la inversión en el sector gasífero (25%).
"Cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de
tranquilizar la economía, buscando sentar condiciones que favorezcan el
desarrollo humano, la inclusión, la inversión y la generación de empleo. Es un
camino en el que el Gobierno y el Congreso de la Nación trabajan de la mano",
dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su cuenta de Twitter.
"El Aporte Solidario y Extraordinario tiene un
gran valor para lidiar con los complejísimos desafíos que trae la pandemia. Nos
ayuda a financiar políticas esenciales para sostener a nuestra sociedad de pie,
de una forma progresiva y que ayuda a la estabilidad macroeconómica", agregó.
De
esta manera, $29.000 millones fueron destinados al Ministerio de Salud para la
compra de vacunas, medicamentos y elementos de protección. También se prevé la
adquisición de insumos críticos para la prevención y la compra y/o elaboración
de equipamiento médico.
Además, con el objetivo de sostener el empleo y
las remuneraciones de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas
empresas en el marco del programa de Recuperación productiva (Repro II), se destinaron $29.000 millones al
Ministerio de Trabajo.
Asimismo, $22.000 millones se dirigieron al Fondo
de Integración Socio Urbana (FISU) para mejorar la salud y las condiciones
habitacionales de los habitantes de los barrios populares.
En tanto, se destinaron $29.000 millones al
Ministerio de Educación para reforzar el plan Progresar, que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo
económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación
durante su trayectoria educativa y/o académica.
En relación a la política energética, se
destinaron $36.000 millones a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de
exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad
que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética
Argentina S.A.
La firma viabilizará dichos proyectos proponiendo
y acordando con YPF, en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución
de los proyectos.
Dicha distribución es compatible con la
distribución total prevista del Aporte (esto incluye lo recaudado a la fecha y,
a su vez, las cuotas pendientes de pago asociadas al Régimen de Facilidades de
pago estipulado por la AFIP - RG N° 4942/21) que se refleja en la Decisión
Administrativa de fines de may-21 (alrededor de $225.000 millones).
A
fines del mes pasado, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) habilitó la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y
solicitar medidas cautelares sobre las personas alcanzadas por el Aporte
Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones.
A través de la resolución general 4996/2021
publicada el 26 de mayo en el Boletín Oficial, el organismo dispuso asimismo
que, aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones
que adeuden el pago, podrán regularizar su situación a
través de planes de pagos que estarán vigentes hasta el 30 de setiembre.
El organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont
inició más de 2.500 fiscalizaciones a contribuyentes que no cumplieron con sus
obligaciones respecto del Aporte Solidario y Extraordinario.
A comienzos de febrero, la AFIP reglamentó la Ley
y precisó que la fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de
entrada en vigencia de la norma, el 18 de diciembre de 2020.


