El Gobierno prepara una suba del salario mínimo
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El gobierno
de Alberto Fernández convocará en la última semana de abril al Consejo del
Salario Mínimo para definir un nuevo piso de ingresos para trabajadores
formales, en la actualidad de 21.600 pesos, con impacto de igual porcentaje en
el valor de los planes sociales.
Lo más
novedoso, según adelantó Mariano Martín este martes en Ámbito, es que por
primera vez la discusión entre empresarios y sindicalistas se concretará un
semestre después del último acuerdo y no al cabo de los doce meses de vigencia
habitual. La variable cronológica será clave también en el debate de este mes y
podrá allanarle el camino a la administración de Fernández para convalidar la
pauta del 32% de aumento que promocionó para la ronda de paritarias.
La segunda
reunión del consejo en lo que va de la gestión del Frente de Todos se llevará a
cabo con la premisa que fijó el Ejecutivo para el acuerdo de precios y
salarios: los ingresos de los trabajadores este año deberán negociarse bajo la
garantía de ganarle a la inflación a partir del 29% pautado en el Presupuesto
2021. Así quedó plasmado en los primeros acuerdos paritarios tras esa
determinación como los de la Asociación Bancaria (29% con dos revisiones),
encargados de edificios, Luz y Fuerza y trabajadores del gas (todos en la línea
del 32%) y docentes (34,6%).
En la
convocatoria del año pasado volvió a alterarse la fecha de arranque que
históricamente había tenido el ámbito de debate. En los últimos años había
dejado de habilitarse a mitad de año para correrse a los meses siguientes y en
2020 se desarrolló el 14 de octubre. En esa oportunidad, con 31 votos
favorables y sólo uno en contra, se alcanzó consenso para una suba del salario
mínimo, vital y móvil, de 28% en tres tramos: 12% en octubre, 10% en diciembre
y el 6% restante, en marzo. Aunque no quedó plasmado en el acta, hubo un
acuerdo tácito para que este mes se diera la renegociación a la luz de la
evolución de la inflación.
En el
ministerio de Trabajo hay más certezas respecto del arranque de las
deliberaciones que sobre los parámetros. De hecho una de las posibilidades es
que la nueva discusión abarque apenas el trimestre de abril a junio, que en
teoría forma parte de la negociación del año pasado y que no completó 12 meses
de vigencia. No obstante cerca del jefe de esa cartera, Claudio Moroni, confirmaron
que cualquier aumento a convalidar deberá cumplir con la garantía de quedar por
encima de la suba del costo de vida durante el período de vigencia. En ese
aspecto se mostraron flexibles con relación a la modalidad a ser resuelta la
suba de este año.
Una de las
alternativas que ya evalúa Héctor Daer en la CGT, por caso, es convalidar con
el salario mínimo el 32% orientativo que impulsa el Ejecutivo aunque con la
condición de un plazo menor a un año. De ese modo, explicaron los dirigentes,
el resultado de la negociación no exhibiría un valor muy diferente al de las
paritarias cerradas hasta ahora y tendría como ventaja la flexibilidad en el
manejo de los plazos de vigencia para reabrir las negociaciones. Se prevé que
la principal central obrera llevará una propuesta de aumento más cercana al 40%
contemplativa de la pauta del 32% más el valor diferencial entre el acuerdo del
año pasado y la inflación acumulada en 2020, que fue 36,1%.
El Consejo
del Salario reunirá al Gobierno con la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA
Autónoma (la única que el año pasado votó en contra) y empresarios de la
industria (UIA), el comercio, el agro, los bancos y la Bolsa. Aunque el alcance
inmediato del resultado es limitado a unos 300 mil trabajadores bajo relación
de dependencia que no están regidos por convenios colectivos sino en forma
directa por la ley de Contrato de Trabajo, la suba pactada también incide de
manera directa sobre el valor de los planes sociales, que de momento está
fijado en la mitad del sueldo mínimo.
El año
pasado el Ejecutivo temía por la incidencia del salario mínimo dado que también
era la referencia ineludible para el programa Asignación de Emergencia para el
Trabajo y la Producción (ATP), que desde 2021 quedó discontinuado y reemplazado
por un refuerzo de los Repro que administra el Ministerio de Trabajo.
