El oficialismo logró un dictamen de mayoría para el proyecto del Ministerio Público Fiscal
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El oficialismo
de la Cámara de Diputados consiguió este miércoles dictamen de mayoría en el
plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el
proyecto de ley del Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio
Público Fiscal, iniciativa que quedó habilitada para su tratamiento en el
recinto.
El proyecto limita a cinco años el período de
ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los
fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta
rechazada desde Juntos por el Cambio.
Tras más de cinco horas de debate, el Frente de
Todos se alzó con el dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la del
mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo), en tanto que Juntos por el
Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales mientras que la diputada
Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto.
En el inicio de la reunión el interbloque Juntos
por el Cambio, a través del diputado Ezequiel Fernández Langan (PRO-Buenos
Aires), cuestionó el quórum de la reunión y la metodología de trabajo -con
algunos legisladores conectados por la plataforma zoom-, a lo que el
oficialista Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) respondió que la reunión era
válida porque "así lo establece el reglamento".
La ronda de exposiciones comenzó con la diputada
Vanesa Siley (FdT-Buenos Aires), quien señaló que el dictamen "está
atravesado por un fuerte contenido en materia de perspectiva de género, fruto
de la reunión que muchas fiscalas tuvieron con el ministro (de Justicia,
Martín) Soria".
"La
cuestión sobre la designación y las mayorías, a los efectos del nombramiento
del Procurador, de pasar de los dos tercios a la mayoría absoluta, se liga con
el hecho de que la permanencia en su cargo ya no será más vitalicia, y por eso
no se requieren esas mayorías, dispuestas en su momento por ley y no por la
Constitución", detalló Siley.
Por Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la
comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (UCR-Chubut), fijó la
postura de ese espacio: "Vamos a rechazar absolutamente este proyecto que viene
del Senado porque lo consideramos abiertamente contrario a la Constitución".
"Este
es un debate que viene desde el inicio de la Nación misma, que es si ubicar al
Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, que
se disipó en la Reforma Constitucional de 1994 ubicándolo como un órgano con
independencia y autonomía, que son las características que desconoce este
proyecto", añadió.
El presidente de la bancada de la Coalición
Cívica, Juan Lopez (CC-CABA), también criticó al oficialismo.
"No sé si tienen los votos y no sé si los van a
tener, pero si los llegan a tener van a tener que romper muchas cosas, desde el
punto de vista institucional, por ejemplo. Los invito a que sigamos con una
legislación de consenso y que pongan a consideración el pliego de (Daniel)
Rafecas para la procuración", señaló López.
El
mendocino José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) salió al cruce de los
cuestionamientos por su apoyo a la reforma. "Estamos muy lejos de hacer un
cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser 'traidor a la Patria'? ¿Estudiar qué
modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de
argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe como está?", se
preguntó.
En defensa de su dictamen, Camaño planteó que "no
es el momento oportuno para resolver el tema del Ministerio Público Fiscal, y
si el Procurador interino (por Eduardo Casal) ha cometido alguna falta existen
los mecanismos para reemplazarlo a partir del trabajo de la Comisión Bicameral".
"No es modificando la ley para una coyuntura como
vamos a resolver al tema. Desde el oficialismo terminaron diciendo que
Cambiemos quería cambiar a (la ex procuradora, Alejandra) Gils Carbó y ahora
dicen que el proyecto es el mismo", advirtió.
Pese a no formar parte de ninguna de las dos
comisiones, el diputado de la izquierda Nicolás del Caño (PTS en el FIT-Buenos
Aires) expresó: "Esta propuesta que trae el oficialismo tiene el objetivo muy
claro de aumentar el control del gobierno de turno hacia el Procurador General
y la Justicia, más teniendo en cuenta que se va a implementar el sistema
acusatorio".
Los encendidos discursos del oficialista Leopoldo
Moreau (FdT-Buenos Aires) y de la republicana Silvia Lospenatto (PRO-Buenos
Aires) marcaron los minutos más intensos de la reunión, que se vio marcada por
comentarios de otros diputados que hablaban fuera de micrófono mientras
exponían sus pares, entre los que se hacían notar el oficialista Nicolás
Rodríguez Saá (FdT-Buenos Aires) y el macrista Fernando Iglesias (PRO-CABA).
La mayoría de los discursos se realizaron con comentarios de otros
legisladores que hablaban fuera de micrófono, entre los que se destacaban los
del macrista Fernando Iglesias.
Como titular de la comisión de Justicia, Tailhade le tuvo que llamar la
atención al macrista Iglesias porque Moreau, mientras hacía su discurso, dijo
"me olvidé algo", a lo que el diputado del PRO le acotó "la
pastilla", intervención que valió el repudio de la mayoría de los
legisladores presentes.
El despacho aprobado en comisión modificará el texto votado por el Senado, con
lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury
de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para
poder destituir al Procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria.
Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el
proyecto presentado originalmente y agregar un integrante del Ministerio
Público Fiscal en reemplazo de un legislador, ya que en el proyecto se
establecía dos por la mayoría y uno por la minoría.
Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un
representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral
parlamentaria (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del
Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una
mujer).
En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se
requerirán cinco votos -que implica los dos tercios- y cuatro votos para el
resto de las decisiones.
