El conflicto, que afecta tanto la zarpada de los buques desde los puertos bonaerenses y patagónicos como las operaciones en altamar, surge ante la negativa de las empresas del pescado congelado, representadas por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), y la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores (Capeca), de otorgar un aumento salarial satisfactorio.

Tras un ajuste salarial en la primera parte de la paritaria, con incrementos del 7,5% en abril, 7% en mayo y 6% en junio, los trabajadores no han recibido una actualización acorde a la inflación de los últimos meses, lo que ha desencadenado este conflicto laboral.

Por su parte, las empresas del sector han expresado su preocupación por la rentabilidad y han solicitado al gobierno de Javier Milei una devaluación, argumentando que el aumento de los costos salariales, alineados con la inflación, afecta sus márgenes. Sin embargo, desde el SOMU sostienen que su lucha busca evitar la pérdida del poder adquisitivo y exigen un acuerdo que cubra los meses pendientes.