El sector pesquero rechaza la posible transferencia de cuotas de captura a congeladores

La crisis pesquera volvió a instalarse en el centro de la agenda marplatense. Desde la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera advirtieron que el Gobierno nacional, a través del Consejo Federal Pesquero, analiza modificaciones que afectarían directamente al esquema productivo del puerto de Mar del Plata, principal polo procesador del país.

Su titular, Sebastián Agliano, fue contundente en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata: aseguró que la Ley Federal de Pesca "no permite" la transferencia de cuotas de un barco fresquero a uno congelador y reclamó que se respete una norma que, según remarcó, "costó muchísimo lograr con equidad".

Falta de políticas de Estado en el sector

Agliano cuestionó que cada cambio de gestión vuelva a poner en discusión cuestiones que el sector consideraba superadas. "Nos remitimos a cuestiones que nosotros creíamos que estaban superadas, como los conflictos fresqueros y congeladores, y volvemos 20 años para atrás", planteó el dirigente.

En esa línea, insistió en que la actividad necesita previsibilidad: "La política de Estado pesquera, en una administración nacional, debería perdurar en el tiempo". Recordó que cuando el sector se unió por la Ley Bases, que iba a modificar la Ley Federal de Pesca, hubo un momento de respaldo, pero que hoy "parece que hay otros intereses creados" para "resucitar viejos fantasmas" e ir sobre la flota fresquera.

El rechazo a la transferencia de cuotas

El eje del conflicto, según explicó, está en una iniciativa que se discutió en la última acta del Consejo Federal Pesquero. "Nos hicieron notar que querían trabajar eso. Nosotros desde ya no estamos de acuerdo, somos serios defensores de la Ley Federal", expresó.

Para Agliano, la Ley Federal de Pesca es una norma "adelantada", que contempla la cuotificación de la merluza y formas de codificación que funcionan. Marcó además una contradicción con lo que sucede a nivel internacional: en otros países "la flota fresquera crece y la flota congeladora decrece", o se envía a esta última a pescar fuera de las 200 millas, mientras que "en Argentina parece que va al revés".

El dirigente describió cómo se conforma el órgano que toma las decisiones: "Como cualquier órgano colegiado, lamentablemente hay un tema de poder. El Ejecutivo nacional tiene al presidente, a un miembro de Cancillería y a la vicepresidenta del Consejo. De los 11, otros cinco son suyos. No cuesta nada tener mayoría". Destacó, en cambio, el trabajo de los representantes bonaerenses Carlos Liberman y Carlos Cantú, que se opusieron a la medida.

Barcos parados e impacto social

El conflicto tiene un correlato directo en el empleo marplatense. "Hoy, dentro de mi flota, de los 50 barcos hay 14 que están parados", reveló Agliano, quien atribuyó la situación a "normas obsoletas del año 82". Según precisó, "169 familias dependen de esos 14 barcos", una problemática que, advirtió, no logra captar la atención de Prefectura Naval Argentina, la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Agroindustria ni el Ministerio de Trabajo de la Nación.

El representante remarcó el rol de las pequeñas y medianas empresas en la generación de empleo: "Las pymes familiares son las que tienen mayor cantidad de mano de obra". Y reclamó que la ciudadanía esté informada sobre lo que ocurre: "Lo que también queremos es que esto sea vox populi, que se sepa, que la gente esté interiorizada".

"Somos industria alimenticia, no extractiva"

Otro de los planteos centrales del dirigente apuntó al modelo productivo. "Procesamos alimentos, nosotros somos industria alimenticia. No nos tratan así, nos tratan como industria extractiva", cuestionó. Señaló que el país exporta materia prima congelada que luego regresa procesada desde otros mercados, en una dinámica que comparó con el esquema colonial: "Estamos dándole a España el pescado para que nos devuelva el producto terminado".

En esa línea, defendió el valor agregado en tierra y advirtió sobre las consecuencias de avanzar con un modelo concentrador: "¿Qué queremos? ¿Que se generen pocos puestos en tierra y exportemos cuero, y no nos devuelvan el zapato?". También cuestionó el peso del capital extranjero en el sector: "Hablamos de inversiones en la Argentina, pero la genuina empresa nacional, la que dice la Ley de Capitalidad, está con una oficina en Puerto Madero y todos los capitales son chinos, españoles, coreanos o de Estados Unidos".

La defensa de la Ley Federal de Pesca

Consultado sobre las chances de revertir la iniciativa, Agliano fue claro: "La chance está en que trabajemos espalda con espalda los sectores que se quieren quedar en el negocio". Y volvió sobre el marco legal: "La Ley Federal de Pesca es clara, no permite, está prohibida la transferencia de cuota de un barco fresquero a un barco congelador".

Explicó que existe una facultad del Consejo Federal para admitir la devolución de cuota de un fresquero, pero que en la distribución posterior "prima siempre el buque fresquero", porque es el que asegura que el producto llegue a puerto y genere trabajo en tierra. "Es una ley más socialista que capitalista, pero es ley", definió.

Mar del Plata, capital pesquera del país

La actividad pesquera en Argentina es una industria estratégica, con desembarques anuales que rondan las 800.000 toneladas. Entre las principales especies objetivo se encuentran el langostino, el calamar y la merluza. El sector genera exportaciones por más de 2.000 millones de dólares anuales y emplea a más de 40.000 personas, con mercados clave en China, Europa, Estados Unidos y Brasil.

La industria opera con una flota de aproximadamente 800 buques, entre fresqueros y congeladores. La pesca dentro de la zona económica exclusiva está regulada y fiscalizada -y es justamente ese esquema el que se busca modificar-, mientras que la pesca no regulada más allá de las 200 millas representa un desafío que otros países ya encararon.

En ese mapa, Mar del Plata concentra el 50% de los desembarques nacionales y se consolida como el centro neurálgico de la industria pesquera argentina. Por eso, cualquier cambio en la cuotificación asignada por la Ley Federal de Pesca tendría un impacto directo sobre la economía y el empleo local.