El Senado aprobó el marco regulatorio de producción de cannabis medicinal
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El
proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y
comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso
industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a
satisfacer el mercado local y generar exportaciones, fue aprobado este jueves
en la Cámara de Senadores de la Nación.
La iniciativa, que obtuvo 56 votos a favor y cinco
en contra y una abstención, fue girada a la Cámara de Diputados para su revisión.
La iniciativa promete convertir al cannabis en otro commodity de los que
exporta la Argentina, tal
como ocurre con los granos o la carne.
El marco normativo busca "desbaratar el mercado
informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en
la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de
cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad".
El primer objetivo
del proyecto consiste en "establecer un marco
legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de
siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte,
comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de
la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal,
terapéutica, paliativa o de investigación científica".
El segundo objetivo, según se detalla en la iniciativa,
"consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de
comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos".
Además, se aclara que "si bien el cáñamo no
es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos
psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar
que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis
psicoactivo".
El
proyecto de ley
El proyecto establece un marco normativo que busca maximizar los mecanismos efectivos de regulación y control de la
cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, dirigiendo el
otorgamiento y posterior control de las licencias a una "serie de
eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica" como empresas
privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles,
cooperativas.
Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como
órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su
cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del
Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME).
Esa entidad tendrá autarquía técnica,
funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo
Productivo.
Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis
medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y
antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de "maximizar
los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado
de activos".
En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará "el propósito
de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la
actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos productores
agrícolas".
El proyecto también contempla un
régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la
inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa,
la suspensión y la caducidad de la autorización.
El presidente de la Comisión de Agricultura, el
peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, dijo que "se quita de la clandestinidad
un mundo de enorme importancia referido a la salud".
"Y ponemos en la
legalidad una actividad que será muy controlada. Es un avance enorme a favor de
la libertad", remarcó
el senador por San Luis.
Rodríguez Saá también mencionó que "se trata de
una cadena de industrialización del cannabis" y con una "enorme potencialidad
de crecimiento".
Su colega de la Comisión de Salud, el radical jujeño Mario Fiad,
indicó que "es una iniciativa jujeña que tiene impacto en las fuentes de
trabajo y las economías regionales".
"Se
trata de procesos en los que hay que cuidar la calidad para aportar a los
procesos de industria farmacéutica", remarcó.
En cambio, su compañera de bancada, la cordobesa Laura Rodríguez
Machado, justificó su voto en contra argumentando
que el Estado nacional "promoverá la producción de la industria de la marihuana
sin control de las provincias".
"Este
proyecto, al ser de orden público, viola las facultades provinciales que tienen
que ver con la producción agropecuaria de manera masiva", indicó.
El oficialista
chubutense, Alfredo Luenzo, no solo defendió el proyecto, sino que postuló a favor de
la despenalización de la marihuana como uso recreativo.
"Necesitamos un estado que comprenda que la planta
de cannabis por sí sola no es un problema. Con el prohibicionismo protegemos al
narcotráfico. Veamos de manera empírica cuál es el resultado de la
despenalización", destacó.
En cambio, el rionegrino Alberto
Weretilneck, uno de los aliados del oficialismo, anunció su voto en contra y
condenó "cuando naturalizamos y le decimos a la sociedad que la marihuana es
buena".
"Quienes sabemos lo
que significa el impacto de la marihuana en las personas hablamos de que es
algo muy delicado",
sentenció.
Asimismo, mencionó que "no es una ley para
sentirse orgulloso" y que la producción "está destinada al negocio de las
grandes multinacionales".
