Escándalo por fotomultas en Pilar: detectan irregularidades y apuntan a una universidad
La Provincia dio de baja a la principal empresa de radares tras descubrir que compartía cuenta bancaria con la Universidad de San Isidro. El caso abre interrogantes sobre el manejo de fondos y los convenios en el sistema de infracciones.
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Un nuevo capítulo de controversias en torno al sistema de fotomultas sacude a la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el foco está puesto en el municipio de Pilar, donde una auditoría oficial detectó graves irregularidades en la administración de los recursos generados por infracciones de tránsito.
La investigación reveló que la empresa encargada de operar los radares compartía la misma cuenta bancaria (CBU) con la Universidad de San Isidro, institución que debía cumplir funciones de asistencia técnica dentro del esquema. La coincidencia, detectada en documentación oficial de pagos, encendió las alarmas en el Ministerio de Transporte bonaerense, que resolvió dar de baja a la firma del registro de proveedores.
El sistema vigente establece que lo recaudado por fotomultas se distribuye entre distintos actores: el municipio, la Provincia, la empresa prestadora del servicio y la universidad interviniente. Sin embargo, la superposición de cuentas contradice ese esquema y pone en duda la independencia que deben tener las casas de estudio en estos convenios.
El acuerdo en Pilar había sido firmado por el intendente Federico Achával, bajo un modelo que se repite en otros distritos, donde universidades participan como respaldo técnico. Este formato, cuestionado en más de una oportunidad, permite a las empresas operar bajo estructuras que en algunos casos evitan cargas impositivas.
A partir de la detección de estas inconsistencias, la Provincia avanzó con la suspensión de la empresa involucrada y notificó a los municipios que mantienen contratos similares. La medida no solo impacta en Pilar, sino que abre un escenario de revisión general del sistema de fotomultas en territorio bonaerense.
El episodio se suma a otras investigaciones judiciales en curso sobre el manejo de infracciones de tránsito, donde se analizan posibles maniobras de recaudación irregular, intermediación indebida y desvío de fondos. En ese contexto, el caso Pilar podría convertirse en un punto de inflexión para un esquema que, desde hace tiempo, se encuentra bajo sospecha.
