Juan Bautista Mahiques jura como Ministro de Justicia: analisis del excamarista Luis Raffaghelli

El ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Luis Raffaghelli, expresó su escepticismo respecto de la independencia judicial tras la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia. En diálogo radial, señaló que si bien el funcionario afirmó que trabajará por la autonomía del Poder Judicial, sus antecedentes generan dudas.

Raffaghelli explicó que "no hay ningún juez o jueza del país que esté en contra de la independencia judicial", pero aclaró que el problema aparece "cuando se analiza qué se hace en la realidad". En ese sentido, sostuvo que por la trayectoria de Mahiques en el Consejo de la Magistratura mantiene una postura "escéptica" sobre cómo se desarrollará la nueva gestión.

Mahiques y la "mesa judicial"

El ex magistrado recordó el rol que Mahiques tuvo entre 2016 y 2019 en el Consejo de la Magistratura, particularmente en la comisión de enjuiciamiento. Según relató, durante ese período varios jueces laborales fueron denunciados y sometidos a procesos de juicio político.

Raffaghelli afirmó que cinco magistrados de la justicia laboral, cuatro camaristas y una jueza nacional, fueron denunciados tras dictar resoluciones que afectaban decisiones del gobierno de entonces. Entre esos casos mencionó una medida cautelar de 2016 que ordenaba la reinstalación de trabajadores despedidos de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El ex juez sostuvo que, tras ese fallo, comenzaron a registrarse situaciones inusuales en los tribunales. En ese contexto, señaló que "desde el Ministerio de Trabajo se llamaba para saber qué pasaba con los expedientes contra el Estado", algo que, según describió, "nunca ocurría".

Además, indicó que el entonces ministro de Trabajo visitó la Cámara en una reunión que se presentó como protocolar, pero que, según afirmó, buscaba "consensuar una sentencia", algo que finalmente no sucedió.

El caso Raffaghelli ante la Comisión Interamericana

El conflicto derivó en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Raffaghelli recordó que el caso se expuso en una audiencia realizada en Montevideo en 2017, donde participaron representantes del gobierno nacional.

Según relató, durante la audiencia el gobierno argumentó que se trataba de "un fallo arbitrario", pero los comisionados respondieron que para esos casos existen las instancias judiciales correspondientes. Finalmente, la causa siguió su recorrido judicial y el expediente terminó sin resolución favorable para los trabajadores involucrados.

Para el ex magistrado, estos antecedentes explican parte de la desconfianza social hacia el sistema judicial. "La función judicial es extraordinaria cuando se ejerce siguiendo el juramento constitucional, pero cuando eso no ocurre aparecen las consecuencias", señaló.

Reforma laboral y traspaso de la justicia del trabajo

Durante la entrevista también cuestionó la ley de modernización laboral -la ley 27.802- y advirtió que una de sus principales consecuencias sería el traslado de la justicia nacional del trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Raffaghelli explicó que el proyecto implicaría "eliminar el fuero nacional del trabajo", un tribunal creado en 1944 con amplia trayectoria en conflictos laborales. En su lugar, los casos de trabajadores que se desempeñen en la Ciudad pasarían a resolverse en la justicia local porteña.

El ex juez también advirtió que los conflictos sindicales pasarían a tramitar en el fuero contencioso administrativo federal. Según explicó, eso implicaría que disputas internas de sindicatos o conflictos gremiales se tramiten en tribunales donde el Estado es parte habitual.

Advertencias sobre los derechos laborales

Para Raffaghelli, la reforma implica un fuerte debilitamiento de los derechos laborales. A su entender, el nuevo esquema también afecta herramientas clave del movimiento sindical, como la negociación colectiva y el derecho de huelga.

En ese sentido, afirmó que la normativa "debilita en extremo los derechos de los trabajadores" y sostuvo que el derecho de huelga "queda severamente limitado".

Además, cuestionó la forma en que se aprobó la reforma. Según indicó, se trató de una ley extensa -de más de 200 artículos- que fue sancionada "con un tratamiento exprés", sin consultas amplias a especialistas, universidades o a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"El ciudadano común no tiene tiempo de leer una ley tan compleja", sostuvo, y advirtió que la normativa podría generar conflictos laborales y cuestionamientos a nivel internacional.