"La Justicia no está en contra de la Patrulla Municipal, sino de los métodos y lo que discursivamente se transmite"

La Patrulla Municipal volvió a quedar en el centro de la escena en Mar del Plata tras el análisis judicial del habeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Si bien la Justicia no dio lugar a la acción, sí cuestionó los métodos, las funciones asumidas y el discurso que rodea el accionar municipal, generando una fuerte reacción del intendente Agustín Neme, que se expresó con enojo en un video difundido en redes sociales.

El fallo dejó en claro que el rechazo del habeas corpus no implica avalar lo que hace la Patrulla Municipal. Por el contrario, según se desprende del análisis judicial, el problema no es la existencia del dispositivo sino las prácticas que exceden las competencias municipales y el modo en que se comunica la política de seguridad, especialmente hacia sectores vulnerables como cuidacoches y personas en situación de calle.

El monopolio de la violencia y el rol del Estado

El abogado y referente en derechos humanos César Sivo explicó que el punto central del debate es jurídico e institucional. Señaló que "el monopolio de la violencia lo tiene el Estado" y que, dentro de ese esquema, son las fuerzas provinciales y federales las únicas habilitadas legalmente para ejercerla.

En ese marco, remarcó que los municipios no tienen competencia para ejercer funciones de seguridad ni de represión. Según indicó, pueden colaborar con información, estadísticas y el llamado "mapa del delito", pero no sustituir a la Policía bonaerense ni asumir tareas de control coercitivo en la vía pública.

Sivo sostuvo que cuando un municipio avanza sobre funciones que no le corresponden "está abusando de su autoridad" y se coloca por fuera del marco legal vigente en la provincia de Buenos Aires.

Una fuerza "parapolicial" y el riesgo institucional

Uno de los puntos más críticos del análisis fue la caracterización de la Patrulla Municipal como un grupo con rasgos parapoliciales. El abogado advirtió que la experiencia histórica argentina con este tipo de formaciones "ha sido nefasta" y que replicar lógicas de violencia por fuera de las fuerzas habilitadas es un riesgo serio para el sistema democrático.

En ese sentido, cuestionó que se dote al personal municipal de armas "menos letales", como las taser, al señalar que "no son armas no letales, sino menos letales, porque pueden provocar la muerte". Para Sivo, otorgar ese tipo de herramientas implica habilitar el uso de la fuerza sin respaldo legal ni control institucional adecuado.

Además, alertó sobre la convocatoria para integrar la Patrulla Municipal, donde se exigía experiencia en "lucha cuerpo a cuerpo", algo que consideró incompatible con tareas meramente administrativas o de aviso a las fuerzas de seguridad.

Discurso de odio y estigmatización

Otro eje central fue el discurso político que acompaña estas políticas. El abogado cuestionó la utilización de términos como "fisuras", "ocupas" o "gente que no queremos en la ciudad", al advertir que se trata de un proceso de deshumanización.

Sivo explicó que cuando desde el Estado se construyen "enemigos" sociales, se habilita simbólicamente la violencia contra determinados grupos. Indicó que ese mecanismo, históricamente, "siempre termina mal" y recordó antecedentes nacionales e internacionales donde se persiguió a sectores vulnerables bajo la excusa del orden y la seguridad.

A su entender, el mayor peligro es que la sociedad naturalice esas prácticas y las asocie a seguridad, cuando en realidad se trata de estigmatización y exclusión.

El rol de la Justicia y la alerta social

El abogado valoró que la Justicia haya puesto límites claros, al remarcar que no se pronunció contra la Patrulla Municipal en sí, sino contra los excesos, los métodos y el mensaje que se transmite. Según señaló, el fallo deja en claro que el personal municipal puede circular, observar y reportar situaciones, pero no actuar como "grupo de tareas" ni ejercer violencia.

Finalmente, advirtió que permitir este tipo de prácticas "rompe el tejido social" y genera una escalada peligrosa, donde cada vez se amplía más el grupo de personas sobre las que se considera legítimo ejercer violencia.

En un contexto de fuerte debate público, el caso reavivó la discusión sobre seguridad, derechos humanos y competencias institucionales en Mar del Plata, con un mensaje judicial que, aunque rechazó el habeas corpus, marcó un límite político y legal difícil de ignorar.