Ley de Glaciares: ¿qué cambios introduce el Gobierno Nacional? con la abogada Patricia Kaufmann Payero
En diálogo con "Pasen y Vean", programa que se transmite de 9.30 a 12 horas por LU9 Mar del Plata, Patricia Kauffmann Payero, Abogada especializada en Derechos Humanos, analizó la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno Nacional, que a fines de marzo tendrá jornadas de ponencias tanto con voces a favor como en contra, para luego pasar a sesión en Diputados, donde el cuerpo decidirá si se convierte o no en ley.
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La posible modificación de la Ley de Glaciares volvió a poner en agenda la protección de una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Argentina posee más de 16 mil glaciares y ambientes periglaciares registrados, considerados claves para el equilibrio ambiental y el abastecimiento hídrico del país.
La columnista Patricia Kaufmann Payero explicó que la normativa vigente, sancionada en 2010, establece una protección amplia de estos ecosistemas al prohibir actividades extractivas o de infraestructura que puedan afectar las cuencas hídricas que se generan a partir de los glaciares.
Según señaló, el país cuenta con "más de 16.000 espacios protegidos que conforman glaciares y periglaciares", zonas que cumplen un rol fundamental en la generación de agua y en el sostenimiento de la biodiversidad.
Qué protege la ley vigente
La legislación actual impide la explotación minera, petrolera o de otro tipo de actividad extractiva en glaciares y zonas periglaciares. También restringe obras que puedan alterar estos ecosistemas.
El control y registro de estos territorios está a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del Conicet, organismo que identifica y monitorea las áreas protegidas.
"Todos los espacios que forman parte de la cuenca hídrica reciben una protección para que no puedan realizarse explotaciones ni mineras ni extractivistas", explicó Kaufmann Payero.
En Argentina, la mayoría de los glaciares se ubican en la Cordillera de los Andes. Mendoza concentra más de 4.100, mientras que también existen en provincias como Jujuy, Salta y Río Negro.
Cambios que plantea el proyecto
El proyecto que se debate en el Congreso propone modificaciones que, según especialistas y ambientalistas, reducirían el alcance de la protección actual.
Entre los principales cambios, se plantea relativizar el objeto de protección de la ley. De acuerdo con el análisis de Kaufmann Payero, la iniciativa introduce criterios que permitirían definir de forma discrecional qué glaciares o ambientes periglaciares son "relevantes".
"Los ambientalistas partimos de la base de que todos los glaciares y periglaciares son importantes. Con el proyecto eso se pone en duda", señaló.
Otra modificación clave sería trasladar el control y registro de estas áreas desde el IANIGLA a las provincias. Según advirtió, esto podría generar conflictos de interés en territorios donde existen proyectos mineros.
Impacto ambiental y económico
Uno de los puntos centrales del debate gira en torno al impacto de la minería sobre las cuencas hídricas. La especialista sostuvo que las actividades extractivas pueden degradar el agua y afectar ecosistemas a gran escala.
"Cuando una mina explota un espacio, degrada el agua y esa degradación se transporta por toda la cuenca hídrica", explicó. Y agregó que esa contaminación puede extenderse a lo largo del sistema hídrico que atraviesa gran parte del país.
Además, cuestionó que los beneficios económicos de la actividad minera para las provincias suelen ser limitados y no siempre generan un desarrollo sostenido en las economías locales.
Advertencias internacionales
La discusión también tiene un componente jurídico internacional. Argentina firmó en 2018 el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que establece estándares de participación pública y protección ambiental.
Según explicó Kaufmann Payero, ese acuerdo establece que las nuevas legislaciones ambientales no deben ser menos protectoras que las vigentes al momento de su firma.
En ese marco, organismos internacionales ya habrían advertido sobre la reforma. "La ONU hizo una presentación especial para la Argentina y señaló que no se modifique el proyecto porque implicaría un retroceso en la protección ambiental", afirmó.
Audiencia pública para debatir la reforma
Ante el debate abierto, la Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo. Allí podrán participar ciudadanos, organizaciones y especialistas interesados en opinar sobre el proyecto.
La inscripción se realiza a través de la página oficial de Diputados de la Nación, en el apartado de audiencias públicas. Los participantes pueden hacerlo de manera presencial, virtual o enviando una ponencia escrita para que sea incorporada al debate.
Hasta las primeras horas de la jornada, ya se registraban más de 18 mil inscript-externoos para participar del encuentro.
