Organizaciones rechazan cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) expresó su profunda preocupación por el proyecto de ley denominado "contra el fraude de pensiones por invalidez" que se debate en el Congreso Nacional, en un contexto en el que tampoco se está cumpliendo con la Ley de Emergencia en Discapacidad ya sancionada.

Así lo planteó Sabrina Herreros, vicepresidenta de ASDRA, en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, donde advirtió que la iniciativa "ataca a lo que es la vida digna" y puede derivar en el cierre de instituciones, la suspensión de tratamientos y la pérdida de transporte para miles de familias en todo el país.

Una entidad con 38 años de trabajo

Herreros recordó que ASDRA tiene "38 años de vida" dedicados al acompañamiento a las familias, la formación y la investigación para "conocer más y servir mejor" a las personas con síndrome de Down. Además, destacó que uno de los ejes centrales de la organización es el trabajo sobre "las incidencias públicas o políticas".

Antes de abordar el tema de fondo, la dirigente hizo una aclaración sobre terminología: pidió poner siempre "en primer lugar a la persona". "La condición no los define, entonces no son niños down o niñas down", sino personas con síndrome de Down, subrayó.

El proyecto que preocupa a las familias

Herreros explicó que el proyecto de ley "contra el fraude de pensiones por invalidez" reabre un debate sensible y, desde su título, "responsabiliza a las personas con síndrome de Down y a sus familias". La iniciativa, señaló, vuelve a instalar "un criterio de pensión por invalidez" y plantea la incompatibilidad entre las pensiones no contributivas y el empleo.

Según detalló, esto implicaría que muchas personas con discapacidad deban elegir entre cobrar la pensión o trabajar. Recordó, además, que la pensión no contributiva equivale al 70% de una jubilación mínima: "no alcanza para una vida digna para nadie, menos para las personas con discapacidad que necesitan tanto el apoyo".

Para la vicepresidenta de ASDRA, se trata de un retroceso hacia "la lógica asistencialista", cuando en la actualidad hay "muchísimas personas con síndrome de Down" y con otras discapacidades trabajando en diversos ámbitos.

Desmantelamiento del sistema de prestaciones

Más allá del título, Herreros advirtió que el contenido del proyecto "es mucho más grave" porque apunta a desarmar el sistema actual de prestaciones. Entre los puntos centrales, mencionó la derogación del nomenclador único, herramienta que "garantiza la universalidad de las prestaciones".

Sin ese nomenclador, explicó, se habilitaría a obras sociales y prepagas "a que paguen lo que quieren". La consecuencia directa, sostuvo, es que se "funden las instituciones" donde asisten niños y niñas con discapacidad, que se suspendan tratamientos y que se pierda el transporte. "Va a depender de las posibilidades económicas de cada familia", alertó.

También cuestionó que el proyecto reinstale los controles obligatorios sobre quién accede a una pensión, en lo que interpretó como un nuevo ataque a "los más vulnerables". En juego, dijo, está "la posibilidad concreta de acceder a una terapia, de acceder a una escuela, de acceder a una medicación, a un transporte".

Reclamo por el cumplimiento de la Ley de Emergencia

Herreros recordó que el sistema vigente se apoya en la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas, que rige desde hace casi 30 años y establece "un modelo de cobertura integral y relativamente equitativo". Ese esquema, dijo, es precisamente lo que defiende la Ley de Emergencia en Discapacidad, que hoy no se cumple.

"Venimos reclamando idas y vueltas", resumió sobre el último año, y calificó como "una burla permanente" que ahora se sume un proyecto que, a su entender, borra lo conquistado. Frente a ese escenario, llamó a "seguir adelante" y a "protestar", porque "mientras se discute en el Congreso, las personas con discapacidad están en la calle defendiendo la humanidad".

La dirigente pidió que se visibilice "este tremendo abandono" y esta "enorme crueldad" hacia el sector. Y sintetizó el eje del reclamo: el proyecto afecta derechos vinculados con "la inclusión laboral, con la autonomía y con las condiciones de vida digna".