Con el objetivo de modificar la ley nacional de Sida, distintas organizaciones sociales se movilizaron la semana pasada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resaltando la necesidad de un abordaje integral y con perspectiva de género. Se espera que el nuevo proyecto sea tratado por el Congreso a partir de marzo, aunque todavía no se tienen certezas.

Sobre el tema, LU9 se comunicó con Estela Carrizo, presidenta de la Red de Personas Viviendo con VIH/Sida en Mar del Plata. "La ley está perdiendo estado parlamentario, no se trató en sesiones extraordinarias y mañana veremos qué pasa con la apertura de sesión, tenemos incertidumbre respecto a cuándo se va a tratar y estamos tratando de sensibilizar a los legisladores sobre la necesidad de hablar sobre esto", comenzó.

Para la referente, la ley "es algo que viene siendo construida, modificada y cajoneada" por años. "La ley actual es vieja, no aborda de forma integral la problemática, no responde a lo que necesitamos en este tiempo, sobre todo cuando para el 2030 se plantea ponerle fin a la pandemia del sida y estamos lejos de este objetivo", dijo, para luego agregar: "Tener una ley actual nos permite achicar esta brecha para que la gente no se muera y no se siga transmitiendo la enfermedad".

Entre los reclamos, se pide que se controle y prohíba a las empresas exigir un test de VIH antes de contratar a los trabajadores. También se solicita que se los incluya en los programas de jubilación, en lugar de pensiones especiales, y que se cree una mesa nacional multisectorial para trabajar con diferentes ministerios. "Necesitamos abordajes en el territorio mucho más social", destacó.

"Esperamos que los representantes del pueblo tengan en cuenta estas leyes, que vienen siendo visibilizadas por el colectivo de personas con VIH, necesitamos prevenir y no tener tantas transmisiones de VIH en el país, con más campañas de concientización", agregó Carrizo.

Sobre el pedido de integral el régimen de jubilaciones, en lugar de las pensiones no contributivas, la presidenta sostuvo: "Es una cuestión de dignificar un derecho, de tener acceso al servicio de PAMI, porque las personas que tienen pensión muchas veces no tienen coberturas que se necesitan y dependen del sistema público". En ese sentido, explicó que "la posibilidad de tener un mejor acceso a la salud garantiza además mejor vida". "Sabemos que mucha gente con VIH trabaja y hace aportes, aunque muchos están en negro", sumó.

"Las personas con VIH abandonaron muchos tratamientos durante la pandemia, la ley nos está quedando chica", concluyó.