Preocupación por un proyecto que endurece penas por denuncias falsas

Desde la organización Seroviolencia, que desde hace más de 15 años asiste gratuitamente a mujeres en situación de violencia de género, expresaron su profunda preocupación por el proyecto de ley que busca endurecer las penas por denuncias falsas en casos de violencia de género y abuso sexual infantil. "Este proyecto directamente atenta contra las vidas de las mujeres", sostuvo la abogada Paola Graziani en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata.

La iniciativa, que ya obtuvo dictamen y avanza en las cámaras del Congreso, generó el rechazo de organizaciones que trabajan con víctimas. Según Graziani, la propuesta "intenta silenciar a las víctimas" y crea un nuevo obstáculo en un camino que ya está plagado de barreras para quienes deciden denunciar.

Un proyecto "disociado de la realidad"

La directora de Seroviolencia cuestionó que el proyecto se apoye en una problemática estadísticamente marginal. Explicó que las falsas denuncias por violencia de género representan menos del 3% a nivel mundial y menos del 1% en Argentina, por lo que consideró que el foco legislativo está mal orientado.

"El problema puntual no son las falsas denuncias", remarcó la abogada, y advirtió que la verdadera emergencia es otra: más del 80% de las mujeres víctimas de femicidio nunca llegaron a hacer una denuncia previa. En ese sentido, señaló que el proyecto "rechaza sistemáticamente una realidad empírica que es verificable" y hace "un análisis muy deshonesto" de lo que atraviesan las mujeres en el país.

Los obstáculos que ya enfrentan las víctimas

Graziani detalló que llegar a radicar una denuncia implica sortear múltiples barreras: el descreimiento en el sistema judicial, la dependencia económica, habitacional y emocional, además del miedo a que el agresor cumpla con sus amenazas. Según las estadísticas propias de la organización, basadas en más de 3.000 casos asistidos, hoy los principales obstáculos siguen siendo "la vergüenza y el miedo".

La abogada subrayó que la violencia de género "es transversal" y atraviesa todos los estamentos de la sociedad. Sobre el nuevo proyecto, advirtió que un eventual agravamiento de penas enviaría un mensaje desalentador a las víctimas: "Le está diciendo: mirá, vas a ser castigada si no lo llegás a probar".

Revictimización y femicidios vinculados

La especialista puso el foco en la revictimización que sufren muchas mujeres cuando, tras animarse a denunciar, no encuentran el tratamiento adecuado y terminan desistiendo del proceso. Aclaró que esos casos no son denuncias falsas, sino situaciones en las que la víctima "no encontró los caminos" para que se investigue y se la proteja.

Ese abandono, alertó, puede derivar en desenlaces trágicos, incluidos los llamados femicidios vinculados, es decir, los asesinatos de hijos de las víctimas como forma de dañarlas. Por eso insistió en la necesidad de un abordaje integral que contemple factores culturales, psicoemocionales y sociales.

Una legislación que contradice pactos internacionales

Graziani remarcó que el delito de falsa denuncia ya existe en el Código Penal, por lo que agravar las penas únicamente en casos de violencia de género y abuso sexual infantil implica "legislar de manera discriminatoria". Señaló que la propuesta contradice garantías constitucionales y pactos internacionales en los que el Estado argentino asumió la responsabilidad de proteger a las víctimas y garantizar un acceso a la justicia "libre de trabas y obstáculos".

También cuestionó que el proyecto parezca desconocer el funcionamiento actual del sistema judicial. Recordó que los juzgados de familia cuentan con equipos técnicos que escuchan el relato, detectan indicadores y califican la violencia como alta, media o baja, para que el juez tome las medidas protectorias correspondientes dentro de las 48 horas que marca la ley.

Políticas de "backlash" y regresión en derechos

Consultada sobre el hecho de que una diputada sea quien impulsa la iniciativa, Graziani lo interpretó como el reflejo de un fenómeno más amplio: las llamadas "políticas de backlash", es decir, políticas de regresión en materia de género y de Derechos Humanos que se replican a nivel internacional. Recordó que los Derechos Humanos son "las reglas básicas de convivencia" y las garantías mínimas que debe tener cualquier ciudadano, incluida la dignidad con la que debe ser tratada una víctima.

Cero Violencia llevará su voz al Senado

La organización participa de las reuniones de comisión en el Senado y tiene previsto asistir a una nueva instancia programada para el 21 de abril, donde llevarán el trabajo realizado con más de 3.000 mujeres asistidas. "Estamos siguiendo de cerca lo que ocurra en el Congreso", adelantaron desde la entidad, que no descarta nuevas presentaciones si el proyecto continúa su avance legislativo.