Protocolo y más de 1.100 equipos de salud para garantizar el derecho al aborto, a 6 meses de la ley
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A seis meses de la entrada en vigencia de la ley de interrupción voluntaria
del embarazo (IVE), hay en el país más de 1.100 equipos de salud
capacitados que garantizan el acceso al derecho, un protocolo nacional que
estandariza la práctica que muchas veces encuentra obstáculos, por lo que el
Ministerio de Salud sigue capacitando profesionales y en la primera mitad del año ya atendió 7.700
consultas en la línea gratuita de salud sexual.
El 14 de enero de 2021 se promulgó la ley 27610 que, desde ese momento, entró
en vigencia en todo el país.
Este jueves se cumplen seis meses de la aplicación de la norma, aniversario que
llega con "buenas noticias", dijo a Télam, Valeria Isla, directora nacional de Salud
Sexual y Reproductiva.
El protocolo
Sustentó su afirmación en la implementación del Protocolo para la Atención
Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del
Embarazo, que se oficializó el 28 de mayo, en ocasión del Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres, con su publicación en el Boletín Oficial.
El protocolo destinado a los equipos de salud brinda herramientas concretas
para acceder a la IVE hasta la semana 14 de gestación, y a la ILE (interrupción
legal del embarazo) por causales: peligro para la vida, para la salud de la
mujer o violación.
Isla destacó también que "hay insumos disponibles en los centros de
salud" para realizar la práctica, y que "hay mas de 1.100 equipos de
salud en todo el país que la garantizan".
"Estamos realizando capacitaciones
para todas las provincias para ampliar el número de profesionales
que garanticen la práctica", añadió.
Además, confirmó que en estos seis meses se recibieron "mas de 7.700 consultas" al 0800-222-3444, la
línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y
reproductiva, sobre acceso al derecho y también sobre obstáculos detectados.
Cuando eso ocurre "intervenimos y solucionamos las consultas que nos
llegan de todo el país", aseguró la funcionaria.
De acuerdo a un informe elaborado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) al
que tuvo acceso Télam, en el primer semestre del año se concretaron reuniones con quienes tienen a cargo las áreas
provinciales responsables del cumplimiento de la ley.
Así, se identificaron nuevos servicios y zonas que realizan la práctica,
tiempos de respuesta, temas para futuras capacitaciones, situaciones de
hostigamiento y estigma a servicios o profesionales, otros obstáculos para el
acceso al derecho, el grado de apoyo de autoridades, organizaciones de la
sociedad civil y sociedades profesionales.
El documento oficial detalla una serie de capacitación, que superan los 8.000 encuentros, que se
concretaron con profesionales de distintas provincias, sobre los ejes de la ley
IVE y sobre acceso a la ILE.
También se incluyó la
actualización sobre métodos médicos para 58 profesionales del país.
A la vez, se realizaron y
difundieron videos destinados a equipos de salud para detectar situaciones de
abuso sexual y embarazo forzado en niñez y adolescencia, y se
desarrolló en Jujuy, Misiones y Entre Ríos un modelo de atención
interinstitucional para dar respuesta rápida a las víctimas con apoyo del Fondo
de Población de Naciones Unidas.
Para acompañar la implementación de la normativa de IVE, la Dirección conformó
un equipo de abogadas especialistas en derecho a la salud y derechos sexuales y
reproductivos que asesoran en causas judiciales, a equipos y profesionales de
la salud y en situaciones relacionadas con detección temprana y prevención de
abuso sexual a niñas, niños y adolescentes.
Este equipo ya realizó 22
intervenciones: 18 por problemas relacionados con el acceso a IVE/ILE en
el marco de la nueva ley, y 4 por acceso a anticoncepción en el marco de las
restricciones relacionadas con la pandemia por coronavirus.
A partir de las consultas recibidas, la Dirección "se comunicó con autoridades de 11 provincias, articuló con 2
direcciones del Ministerio de Salud de la Nación y con la Superintendencia de
Servicios de Salud de la Nación, para informar a las autoridades sobre
los hechos, fortalecer las respuestas oportunas para garantizar la
accesibilidad a los servicios y el conocimiento de los estándares legales
vigentes, antes los reclamos recibidos", se explica en el informe.
El documento oficial también releva los 30 reclamos judiciales contra la ley IVE que se presentaron en el
país. Ninguno prosperó y la ley está vigente.
El acceso a la práctica
Para acceder a la práctica, la DNSSR planifica y financia la compra de métodos
anticonceptivos y otros insumos de salud sexual y reproductiva, y a través del
Programa Remediar los distribuye en todo el país para promover el acceso
gratuito de las personas que utilizan el sistema público.
En el caso específico del acceso a la interrupción del embarazo, la Dirección
adquiere misoprostol a nivel centralizado, y la distribución de los
tratamientos a las provincias se realiza a través del Programa Remediar.
Así,
durante el primer semestre 2021 se distribuyeron 15.445
tratamientos de misoprostol y "se iniciaron dos procesos de compra", uno a
UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas) y otro a LIF (Laboratorio Industrial
Farmaceútico de Santa Fe) "por un total de 100.000 tratamientos de
Misoprostol 200 mcg", reveló el informe de Salud.
Allí se resaltó que el acceso al aborto y a una
atención de calidad "depende, entre otros factores, de contar con
información adecuada que permita conocer la demanda real/efectiva de las
prestaciones, las necesidades/disponibilidad de insumos y de recursos humanos
capacitados, la identificación de efectores que garantizan la prestación y sus
características, así como las barreras y facilitadores en los territorios".
Este sistema "se
encuentra en desarrollo y articulación con las jurisdicciones
provinciales".
La DNSSR trabaja con un Consejo Asesor y articula
tareas con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito
y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
De acuerdo a un relevamiento de Télam, la vigencia
de la ley "está garantizada" en las provincias, según dijeron voceros
oficiales de los distintos distritos.


