AGRICULTURA FAMILIAR
Así lo manifestó la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, quien precisó que actualmente se existen unas 80 situaciones de conflictos por las tierras en todo el país.
16 de mayo de 2021
Los
desalojos de pequeños y medianos productores de la agricultura familiar,
campesina e indígena se acrecentaron en los últimos años y se agudizaron durante la
pandemia, situación por la cual la directora de Arraigo Rural y
Tierras Agropecuarias, María José Castillo, resaltó
la necesidad de prorrogar la prohibición de desalojos y avanzar en un programa
de regularización.
Mientras se espera que el Congreso Nacional apruebe la
prórroga de la ley 27.118 que establece la prohibición de desalojos, Castillo, en diálogo con Télam subrayó como
problemática la situación del sector donde "llegan todos los días órdenes de
desalojo y no se puede estar pensando en construir un programa de
regularización y mejora de la tenencia de la tierra si a la vez teniendo se
suman estos desalojos todo el tiempo".
"Hay un gran número de familias de la agricultura
familiar con tenencia precaria, lo que acarrea por supuesto, la posibilidad de
la pérdida de la tierra y de sufrir desalojos y conflictos que llevan a la
criminalización de las familias", destacó Castillo quien se desempeñó como
abogada de familias campesinas y forma parte del Movimiento Nacional Campesino
Indígena (MNCI).
En septiembre del 2020, se puso en funcionamiento
el Protocolo de Abordaje y Seguimiento
de Conflictos Territoriales, a partir del cual se detectaron 80
situaciones de conflicto por las tierras.
"La mayoría de estos casos son de
desalojo y esto da cuenta de una situación bastante compleja, que se agudiza
por la pandemia. Una familia que está expuesta a sufrir un desalojo hoy está en
un cuadro mucho peor que hace dos o tres años atrás, porque no había esta
pandemia. Entonces, hay una situación grave que estamos abordando", explicó
Castillo.
La suspensión de los desalojos
La ley 27.118/15 de
Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, estableció en su artículo 19
la suspensión por el término de 3 años el desalojo de agricultores familiares.
En 2018, al vencerse este plazo, se aprobó en el Congreso la prórroga por un
año, pero desde 2019 el sector de pequeños y medianos productores se encuentra
desprotegido frente a las cautelares judiciales que ordenan la expulsión de las
familias, sin tomar en cuenta la situación posesoria que tienen los que la
habitan.
En este sentido, la funcionaria señaló que "en general el problema que decanta
esta situación irregular o situación de precariedad en la tenencia, es que los
títulos se compran y se venden sin dar cuenta de esta realidad posesoria,
entonces, vienen nuevos titulares registrales y empiezan los desalojos,
habiendo comprado una tierra que ya tiene sus poseedores".
"Los desalojos, al ser cautelares, no profundizan sobre la realidad posesoria,
sobre quién tiene derecho a estar sino que simplemente ve un título y desaloja.
Esto es algo que ya está regulado en la ley, por eso la ley 26.160 (Comunidades
Indígenas) y la 27.118 (Agricultura Familiar) dieron cuenta de esta situación,
que establece que se tienen que hacer programas que releven la situación
posesoria para después, generar una política para la regularización de las
tierras", sostuvo.
La
localización de los casos
De los 80 casos de conflicto abordados desde el área de Arraigo Rural y Tierras
Agropecuarias, la mayor concentración la tienen las provincias de Salta con 23
casos, Jujuy con 18 casos y Buenos Aires con 10 casos, seguidos por Córdoba (7
casos), Santiago del Estero (5 casos), Chaco (4 casos) y Tucumán y Río Negro
con 3 casos. Continúan Mendoza, Chubut, Santa Fe, Neuquén y Misiones con 1 o 2
casos.
De este conjunto de casos relevados, hay 29 situaciones que incluyen la posibilidad directa o el desalojo
consumado de las familias involucradas y en 37 de estos casos se encuentran
involucradas comunidades indígenas.
A su vez, hay identificadas un total de 19 situaciones de conflictividad en las
que son las mujeres las principales involucradas ya sea por ser las poseedoras
de la tierra o por ser las referentes de la comunidad u organización.
Un relevamiento
Según un relevamiento realizado por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de 2011, las
situaciones problemáticas vinculadas a la tenencia de la tierra afectan a casi
64 mil familias de agricultores y agricultoras, que abarcan unas 10
millones de hectáreas.
De este total, se estima que un 88% involucra a agricultores familiares que son
poseedores y que carecen de título de propiedad y al menos el 74% de las
familias poseen la tierra hace más de 20 años, por lo que serían propietarios
de la tierra por prescripción veinteañal.
En este marco, en 2013 se creó el
Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (ProntAR), que "es la
única herramienta desde el Estado Nacional que aborda específicamente la
regularización de las tierras", con el objetivo de contribuir a la reducción de
la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales.
Castillo detalló que es "un programa que tiende a generar recursos en las provincias
y municipios para regularizar la tierra, es decir, plata para mensuras,
deslindes, escrituras, partiendo del análisis de que hay una situación de
precariedad muy grande que hay que abordar. Las provincias tienen sus propios
programas de regularización y esto viene a acompañar las políticas que tienen
las provincias también, por eso es un programa que se lleva adelante con las
provincias".
La Ley de Agricultura Familiar dispone la creación de un Banco de Tierras para
la agricultura familiar, y en esta línea, Castillo planteó que "se está
trabajando a partir del diálogo con la AABE (Agencia de Administración de
Bienes del Estado), en poner en común cual es la situación de la tierra rural
que tiene que estar a disposición de este Banco de Tierras, y construyendo un
programa de 'vuelta al campo', contemplando, por un lado, el banco de tierras y
por otro lado, la construcción y desarrollo de comunidades agroalimentarias que
sean los lugares donde la tierra esté en función de la producción de alimentos
sanos para el abastecimiento local".
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