Gerardo Martínez, líder de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA) y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, describió la situación como "un tsunami total en lo social y algo parecido en los aspectos financieros y económicos". Martínez, cuya actividad se verá afectada por la paralización de la obra pública, anticipó que la CGT convocará a sus asesores económicos para analizar en detalle los anuncios y establecer una hoja de ruta con lecturas claras y contundentes.

Luis Barrionuevo, líder de la Unión de Trabajadores Gastronómicos, se sumó al rechazo, calificando las medidas como un "ajuste durísimo". Aunque reconoció la gravedad de la situación, pidió que la CGT sea consultada sobre las decisiones económicas. Barrionuevo destacó su preocupación por la inminente llegada de una recesión y la necesidad de evaluar la reacción de la sociedad.

Hugo "Cachorro" Godoy, titular de la CTA Autónoma, advirtió que las medidas de Caputo, al exagerar la crisis heredada, justifican decisiones inadmisibles que podrían llevar los niveles de pobreza en Argentina por encima del 50%. Godoy destacó el impacto inminente en las tarifas de servicios públicos, afectando los bolsillos ya debilitados de la población, especialmente en las provincias.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), criticó las medidas presentadas como un intento de evitar una catástrofe, alegando que llevarán a los argentinos al peor de los infiernos en pocas semanas. Calificó la narrativa del gobierno de Javier Milei como "extorsiva" y recordó que el aval electoral fue para resolver los problemas del pueblo, no para aumentar la inflación y la pobreza.

La CGT muestra un rechazo contundente a las medidas económicas de Caputo, expresando su preocupación por las consecuencias sociales y económicas que podrían derivarse de estas decisiones. La reunión de urgencia busca analizar en detalle los anuncios y definir la posición del sindicalismo frente al plan económico del gobierno.