Según la nueva resolución municipal, los titulares de las licencias deben cumplir con un servicio obligatorio de ocho horas, distribuidas en uno de los tres turnos establecidos: mañana, tarde y noche. La disposición, sin embargo, ha sido recibida con críticas por parte de los conductores, quienes señalan la falta de previo aviso a las entidades representativas del sector, todas ellas legalmente constituidas y con domicilio físico declarado.

En palabras de Pablo Sánchez, representante de la Sociedad de Conductores de Taxis, "lamentamos profundamente que el Poder Ejecutivo de la ciudad nos imponga requisitos de manera unilateral, reviviendo una antigua ordenanza. Además, observamos con preocupación cómo otras normativas, como la 23928, no se aplican debidamente, permitiendo la presencia desmedida de vehículos ilegales que perjudican nuestro sustento sin respetar las regulaciones impuestas a nuestro gremio".

Los taxistas también destacaron la falta de consideración respecto al plazo de implementación, subrayando las posibles complicaciones que surgirán para cumplir con la nueva normativa. Señalaron el cambio de horario, al que la mayoría de los taxistas deberá adaptarse, así como la dificultad de contratar empleados en un contexto de inseguridad, especialmente durante las horas nocturnas.

En un tono crítico, los conductores subrayaron que "lo único que percibimos es que el Municipio parece anteponer los intereses de empresas internacionales por encima de los derechos legítimos de los trabajadores marplatenses. Estas empresas, lejos de ser una solución, parecen destinadas a precarizar y destruir el trabajo formal y genuino ya establecido. Queremos recordar, conforme a la ordenanza, que somos un transporte público y no un monopolio, a pesar de las percepciones erróneas que intentan imponer".

La Sociedad de Conductores de Taxis reafirmó su posición en una entrevista con LU9 Mar del Plata, destacando la necesidad de un diálogo abierto con las autoridades municipales para abordar estas preocupaciones y buscar soluciones consensuadas que beneficien tanto a los trabajadores como a la comunidad en general.