Un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana reveló que recogió 40.000 cartuchos antitumulto
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La
investigación por el contrabando a Bolivia de material represivo sumó un nuevo
documento que podría constituirse como prueba en la causa judicial, al
conocerse una declaración firmada por un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana
(FAB) en la que reconoce que el 13 de noviembre de 2019 se le ordenó
"recoger" 40.000 municiones antitumulto que habían llegado desde
Argentina.
El documento, difundido por Página/12 y al que
también accedió Télam,está firmado por el jefe de subsección de
Almacén Central Material Bélico de El Alto de la FAB, Wilfredo Chura Condori, y
detalla que ese día se recogieron de un hangar del aeropuerto de El Alto
"40.000 municiones antitumulto calibre
12/70, 50 granadas de gas de tipo CN, 19 granadas de gas CS, 52 granadas de gas
HC, como también 18 sprays lacrimógenos MK9 y 5 sprays MK4".
El informe rubricado por Chura Condori está
dirigido a un coronel de la misma FAB, se confeccionó hace exactamente un mes
-el 15 de julio pasado- en razón de la investigación que se lleva a cabo tanto
en Bolivia como en Argentina, y en su primer párrafo identifica al cargamento
mencionado como "material antidisturbios procedente de la República
Federal (sic) de Argentina".
En otro apartado del texto, el oficial de la FAB
relata que se constituyó para "el recojo del material antidisturbios"
por indicación de dos superiores, el subjefe del Departamento IV-Logística del
Estado Mayor General de la FAB, coronel Oscar Gutiérrez, y del jefe de la
sección de Material Bélico Mario Suárez Melgar.
El cargamento, sigue Chura Condori, "se
trasladó al Almacén Central de Material Bélico con la presencia del subjefe del
Departamento IV-Logística EMGFAB" (por el coronel Gutiérrez), y allí
"se procedió a levantar un registro del material antidisturbio" que
había llegado desde Argentina y que provenía de unas partidas producidas por la
empresa estatal Fabricaciones Militares.
Esta revelación suma otra prueba que demuestra que en la madrugada del 13 de
noviembre de 2019 fuerzas armadas y de seguridad de Bolivia recibieron
pertrechos represivos procedentes de la Argentina en el aeropuerto militar de
El Alto, un cargamento que había llegado hasta allí en el avión Hércules C-130
que trasladó a La Paz a un contingente de once efectivos del grupo Alacrán de
Gendarmería.
Ese avión transportó 70.000
municiones antitumulto, junto a las granadas de gases lacrimógenos y los sprays
de gas pimienta, y para justificar tal cantidad de munición el jefe del grupo
Alacrán comunicó que era lo que necesitarían para custodiar la embajada
argentina en La Paz y la residencia del embajador en la misma ciudad, lo que no
suena creíble.
De esas 70.000 balas antidisturbio calibre 12/70
que llegaron en el Hércules, 40.000 quedaron de este modo en manos de la FAB
mientras que otras 26.900 fueron recibidas por la Policía boliviana, por lo que
aún resta saber qué ocurrió con los 3100 cartuchos restantes, datos que surgen
de la investigación administrativa que viene realizando el actual gobierno de
Bolivia, a cargo de Luis Arce.
Otro documento incriminatorio que apuntaló la
denuncia del contrabando es la carta que el entonces comandante de la FAB,
Jorge Gonzalo Terceros Lara, envió ese mismo 13 de noviembre de 2019 a quien
revestía como embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, para
"agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el
marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación
conflictiva que vive Bolivia".
El informe conocido este domingo, en el que el
oficial de la FAB Chura Condori consigna que recibió órdenes de trasladar los
pertrechos represivos a un almacén de la fuerza, reafirma la hipótesis de que los
pertrechos de Gendarmería fueron utilizados en la represión contra los
manifestantes que denunciaban un golpe de Estado.
Mientras se difundía este documento, la
investigación judicial por el presunto contrabando agravado se encuentra
temporalmente sin juez ya que los tres magistrados que intervinieron hasta
ahora -Javier López Biscayart, Alejandro Catania y Rafael Caputo, los tres del
fuero Penal Económico- se excusaron y plantearon que todas las actuaciones
referidas a estos hechos deben acumularse en una única causa.
