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      Nuevo Régimen Penal Juvenil: "El Gobierno Nacional debería haber articulado con las Provincias"

      En diálogo con "Ecos de Mañana", por LU9 Mar del Plata, José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Juvenil bonaerense, brindó un análisis del Régimen Penal Juvenil que empezó a regir el sábado 5 de septiembre en todo el país.

      10 de septiembre de 2026 | 11:48
      José Luis Zerillo
      José Luis Zerillo

      El nuevo Régimen Penal Juvenil empezó a regir el sábado, bajó de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser punibles y ya tuvo su primer freno judicial. En medio de ese ir y venir, se aplica, se suspende, se apela, el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, José Luis Zerillo, pasó por LU9 y marcó distancia del clima celebratorio: para la Provincia, dijo, el problema no es cumplir la ley sino “en qué condiciones” se la cumple.

      Zerillo, dirigente de larga trayectoria política en Mar del Plata, planteó que nada de lo que hoy preocupa a la sociedad mejora si un chico de 14 años ingresa a un dispositivo sobrepoblado. En esos lugares, sostuvo, el adolescente “va a salir con más prácticas violentas y criminales que las que tenía al entrar”. Por eso insistió en que la discusión de fondo es el tiempo de tránsito y las condiciones antes de que esos jóvenes recuperen la libertad.

      Una ley votada “en tiempo récord”

      El funcionario dijo que vivió “con sorpresa” la sanción de la norma. Cuestionó que la discusión se llevara adelante “en tiempo récord”, en sesiones extraordinarias y “en pleno verano”, restringiendo, según su mirada, la palabra de los especialistas.

      Zerillo señaló que el Gobierno nacional estableció “como una ficción” que todo el sistema de responsabilidad penal juvenil iba a duplicar su población en apenas 180 días, al sumar a los adolescentes de 14 y 15 años a los de 16 y 17 que ya estaban alcanzados. “Nos pareció un dislate”, resumió. Más allá de lo que definió como errores de técnica legislativa y una “invasión sobre las competencias provinciales”, apuntó a lo que consideró una “pérdida de oportunidad”: la falta de “diálogo institucional” entre la Nación y las provincias, que son las que deben aplicar la ley.

      La provincia que concentra el 63% de los menores privados de libertad

      El subsecretario remarcó el peso específico bonaerense: la Provincia no solo es la más poblada del país, sino que engloba el 63 % de las personas menores de 18 años privadas de su libertad en todo el territorio nacional. Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria citado en la entrevista, hoy hay más de 1.500 jóvenes en esa situación en territorio bonaerense.

      Para atenderlos, detalló, el organismo cuenta con 37 centros socioeducativos de distinto nivel: dispositivos de recepción, la primera etapa de ingreso, centros de privación total de la libertad y esquemas de restricción o “semiabiertos”, donde el joven va solo a la escuela pero regresa al mismo lugar, en lo que describió como un proceso de adaptación que define el Poder Judicial.

      Zerillo subrayó la diferencia con el sistema penitenciario de adultos: “nosotros no es una cárcel”, dijo, y explicó que se trata de medidas socioeducativas que obligan a garantizar “otro tipo de condiciones” para que los adolescentes puedan cumplirlas.

      Un plan de obras “sin un centavo” de la Nación

      El funcionario aseguró que la Provincia viene trabajando “fuertemente” previendo la aplicación de la norma, con planes de obra, logística propia, incorporación de personal y ampliación de los espacios educativos. Aun así, remarcó que encaran el desafío “mal, sin planificación, sin diálogo institucional, absolutamente sin ninguna línea presupuestaria” del Estado nacional para la infraestructura necesaria. “Lo estamos afrontando con la responsabilidad de la conducción del Estado”, afirmó.

      Entre las obras mencionó lo que definió como el plan más grande en la historia del sistema de responsabilidad penal juvenil bonaerense: un predio de seis módulos, cinco de alojamiento y uno de enfermería, con una escuela y una cancha multipropósito, cuyos primeros dos módulos ya fueron inaugurados por el gobernador. A eso sumó la recuperación integral de dos establecimientos históricos, previstos para enero y febrero, y una ampliación en Virrey del Pino, en La Matanza, sobre un predio que ya pertenecía al organismo y que están adaptando para habilitar.

      “Cumplir la ley, pero no resignar en qué condiciones”

      Zerillo planteó que el objetivo es cumplir la ley, pero que no se resigna respecto de cómo debe cumplirse. De ahí su crítica central al Gobierno nacional: haber tomado “una medida efectista”, con fuerte apoyo mediático y popular, pero que, insistió, “no resuelve qué vamos a hacer con esos jóvenes”.

      Frente a quienes reclaman que los adolescentes “entren a la cárcel a sufrir”, el funcionario respondió desde una lógica que llamó “utilitarista”: aun mirando solo la seguridad, conviene que ese joven se reincorpore a la sociedad con el secundario terminado, con formación en oficios y habiendo podido salir de una situación de consumo. “Si como sociedad pensamos que no somos capaces de cambiar el rumbo hacia donde se dirigía ese joven a los 14 años, entonces perdamos toda fe en la humanidad”, sostuvo.

      El subsecretario cerró con la idea que atraviesa su postura: garantizar condiciones adecuadas para “devolver a la sociedad a una persona con más herramientas y mejores condiciones” que las que tenía al ingresar.

      El freno judicial: suspensión por 60 días

      La entrevista se dio en un escenario judicial en movimiento. La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad, al considerar que los dispositivos de privación de la libertad de la Provincia no están hoy en condiciones de recibir a más adolescentes sin afectar derechos fundamentales. La medida, resuelta a partir de un hábeas corpus, abrió un debate sobre su alcance, si rige en todo el territorio bonaerense o solo en ese departamento judicial y ya fue apelada por un fiscal.

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