Régimen penal juvenil: Martínez Soto aclaró que 'nunca se ha suspendido' y alertó por la compra de armas

El fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata, Walter Martínez Soto, salió a despejar la confusión que rodea al nuevo régimen penal juvenil: la ley rige desde el 5 de septiembre y, aseguró, "nunca se ha suspendido". La resolución de la jueza del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que había frenado su aplicación —ya revocada por la Cámara— "adolecía de jurisdicción" para suspender una ley del Congreso, planteó en diálogo con LU9.

En la misma entrevista, el fiscal corrió el eje del debate político hacia dos preocupaciones concretas del fuero: la creciente facilidad para comprar armas de fuego, que —advirtió— acerca a la sociedad a "la justicia por mano propia", y la aparición de bandas que reclutan a chicos de 14 y 15 años sin antecedentes y los preparan para entrar a robar a domicilios.

"Nunca se dejó de aplicar"

Consultado sobre la incertidumbre que se instaló en las últimas semanas, si el régimen se aplica, si estuvo suspendido, si volvió a regir, Martínez Soto fue categórico: el nuevo régimen penal juvenil "entró en vigencia el 5 de septiembre del corriente año y nunca dejó de tener vigencia".

El fiscal explicó que la resolución que días después dio a conocer la jueza de Lomas de Zamora "adolecía de jurisdicción" para suspender una norma sancionada por el Congreso. Recordó que la ley cumplió con "el proceso de sanción" y fue promulgada, publicada y puesta en vigencia, y que cuando un juez decide no aplicar una norma "lo es respecto de un caso muy en particular y bajo determinadas circunstancias", sin que esa decisión tenga efecto sobre el resto del país.

Según su lectura, avanzar de otro modo implica "avanzar sobre los otros poderes". Advirtió que en la Argentina "no ha habido ni un golpe de Estado" y que, sin embargo, la resolución "invita a una revolución jurídica" y a "romper estructuras que son parte de nuestra Constitución".

Una resolución que "puso a la sociedad en jaque"

Martínez Soto cuestionó el aprovechamiento de la desinformación en torno al tema. Sostuvo que este tipo de confusiones "se aprovechan de la ignorancia que se ha ido construyendo en la sociedad" en cuanto al conocimiento cívico que cada ciudadano debería tener, y afirmó que con un poco más de formación cívica una resolución "de esta magnitud" habría sido criticada "holgadamente" porque, a su entender, "violaba la Constitución" al arrogarse facultades "puras y exclusivas del Congreso".

El fiscal subrayó que los jueces "no tienen la facultad de crear derecho": aplican la ley, pero no pueden sostener una interpretación que "vaya en contra de un sistema republicano y democrático". Señaló que la medida generó "incertidumbre" en la sociedad y que quienes se dedican al derecho la observaron con reparos. La resolución, apuntó, terminó revocada por la Cámara correspondiente.

"Comprar un arma parece hoy comprar caramelos"

Al ser consultado por la manipulación de armas por parte de menores, Martínez Soto aclaró que "no es lo habitual", pero admitió que "es lo que aparece y marca tendencia". Describió que en algunas armerías de Mar del Plata "hacen hasta cola para ir a comprar armas", con trámites más ágiles que antes.

El fiscal advirtió que la combinación de discursos que instalan un clima "casi anárquico" con la facilidad para comprar un arma "con tarjeta de crédito, en cuotas" empuja a la sociedad hacia "la justicia por mano propia". "Comprar un arma parece ser como comprar caramelos hoy por hoy", graficó, y remarcó que eso "no es lo que pretendemos en un Estado moderno".

En esa línea, defendió que la violencia debe ser "el último recurso" y que lo primero que debe transmitir un adulto es "la palabra, el diálogo" y la convivencia "en armonía". Recordó, además, que en los estados "del primer mundo" el uso de armas no está extendido, y se preguntó por qué en la Argentina existe "un discurso a favor" de armarse.

Bandas que reclutan a menores sin antecedentes

Uno de los datos más relevantes que aportó el fiscal es el patrón que observa en las últimas detenciones. Contó que, en su último turno, todos los hechos por los que solicitó detenciones fueron "casi calcados", graves y "constitutivos de bandas", con adolescentes de 14 y 15 años que "recién arranca con el delito" y que, sin embargo, no tienen antecedentes.

"Hay alguien que los regentea", advirtió, y explicó que esos jóvenes aparecen asociados a personas "muy mayores de edad". Aunque reconoció que existen bandas preexistentes, "las clásicas", de las que “siempre uno de sus integrantes termina detenido”, alertó sobre la formación de grupos nuevos que actúan de manera profesionalizada: van "encapuchados", "con guantes" y "con herramientas" para forzar rejas y romper puertas. "No es que van a robar sin más: van preparados para ingresar a los domicilios", describió.

Como ejemplo de la gravedad de la situación, mencionó el caso de una persona anciana que en una sola semana sufrió tres intentos de robo. Los últimos hechos, precisó, fueron cometidos "en poblado y en banda", con integrantes "iniciados recién en el delito, pero profesionalizados" en el reparto de tareas y en el modo de ingresar.

El agravante por el uso de armas

El fiscal se detuvo en un aspecto técnico que, sostuvo, condiciona la conducta delictiva. Explicó que, tras la reforma conocida como "ley Blumberg", el robo cometido con un arma apta para el disparo tiene "la máxima calificación", mientras que si el arma "no es apta" o es "de utilería" la pena es "sustancialmente distinta".

Esa diferencia, planteó, tiene consecuencias tanto para la víctima como para el delincuente. Ante un asalto, señaló, la víctima no se detiene a comprobar si el arma funciona y entrega todo "con mayor facilidad". Pero, del otro lado, el ladrón hace su propia "lectura jurídica": sabe que si lo detienen la pena "es sustancialmente distinta". En su ejemplo, la escala puede pasar de "6 años y 8 meses de prisión" a "3 años" según el tipo de arma utilizada.

Cómo y dónde denunciar

Frente al problema social que describió, Martínez Soto insistió en la importancia de la participación ciudadana. Invitó a los vecinos a acercarse “a la fiscalía más cercana al domicilio”, el Ministerio Público Fiscal está distribuido por toda la ciudad, para aportar información, en especial sobre quienes trafican armas.

Aclaró que la denuncia "no es necesario que sea con nombre y apellido" y que el sistema judicial ofrece el anonimato a quien pueda brindar información "de semejante envergadura", para garantizar una mejor protección. Recordó, por último, que el funcionario que recibe ese tipo de datos tiene "la obligación de actuar", de tomar la denuncia y de derivarla y acompañar a la persona ante el fiscal que corresponda.

El caso que encendió la alarma

La entrevista se dio en medio de la conmoción por el caso de una adolescente de 13 años que permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado, tras recibir un disparo en la cabeza en el barrio Fortunato de la Plaza de Mar del Plata. Según la investigación, ambos menores manipulaban un arma cuando se produjo el disparo, y hasta el momento no se pudo determinar si fue accidental o si hubo intención; la Justicia investiga a su presunto novio, de 16 años. Consultado sobre ese hecho, Martínez Soto aclaró que no se referiría a esa causa en particular, aunque sí abordó el problema de fondo del acceso a las armas y la participación de menores en delitos.

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LU9