Un petrolero británico operó en el puerto de Ushuaia: para Tierra del Fuego es "el robo de un puerto a una provincia"
En "Tarde para Armar" con Maricel López, Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, habló sobre el atraque de un buque con bandera inglesa en el puerto de Ushuaia, el cual se encuentra intervenido por Nación desde marzo.
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Un buque petrolero de bandera británica amarró en el puerto de Ushuaia y recibió servicios de distintas empresas de la terminal, en un episodio que el Gobierno de Tierra del Fuego calificó como inédito y grave. Así lo denunció en LU9 el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, quien vinculó lo ocurrido con la intervención del puerto que el Gobierno nacional dispuso en enero.
Dachary contó que el buque ya se había retirado de la terminal el día anterior a la entrevista y que el Gobierno provincial se enteró de su presencia casi por sorpresa: "nos desayunamos" con el petrolero amarrado y operando "como si nada", graficó. Para el funcionario, el hecho revela la lógica de fondo de la intervención y encuadra en un cuadro que definió como "el robo de un puerto a una provincia".
Un puerto bajo intervención nacional desde enero
El puerto de Ushuaia, de competencia provincial, está intervenido por el Gobierno nacional desde el 20 de enero de 2026 mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que depende del Ministerio de Economía. La medida, firmada por el director ejecutivo del organismo, desplazó a las autoridades portuarias provinciales y dejó fuera a los trabajadores de la terminal. La provincia, que gobierna Gustavo Melella, judicializó el conflicto.
Dachary sostuvo que se trató de una intervención "intempestiva" y "absolutamente infundada", que consideró contraria a los mecanismos previstos en la Constitución. Explicó que hoy las posiciones de decisión en el puerto están ocupadas por personas designadas por el Gobierno nacional y recordó que la notificación de la intervención llegó "por WhatsApp".
El funcionario remarcó la paradoja: aseguró que, poco tiempo atrás, el puerto de Ushuaia había sido distinguido en un concurso internacional como uno de los mejores del mundo. En contraste, describió a "centenares" de personas en la incertidumbre sobre su continuidad laboral, a las que —afirmó— directamente no se les permite el ingreso a sus puestos de trabajo. Dachary recordó, además, que la intervención coincidió con otro hecho geopolítico: la visita de congresistas de los Estados Unidos, que incluso recorrieron el puerto.
"El robo de un puerto a una provincia"
Para Dachary, la intervención cobró sentido con la aparición del buque. Sostuvo que implicó un cambio en la centralidad de la operatoria, al punto de que desde la capital fueguina se brinde soporte logístico a buques petroleros británicos que operan en la región.
El secretario advirtió que el episodio no puede leerse de manera aislada y alertó sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional replique ese "modus operandi" sobre el territorio provincial. En esa línea, habló de buques que "invaden", "saquean" y "militarizan" la provincia con el amparo del Estado nacional, y definió la situación como un avance que ya llega, dijo, al "robo de un puerto a una provincia".
La respuesta oficial, según la provincia
Dachary cuestionó la reacción del Gobierno nacional. Según su relato, el vocero presidencial se había expresado minutos antes para responsabilizar a la provincia y relativizar la existencia misma de la intervención. El funcionario le atribuyó, además, un tono provocador: dijo que el vocero llegó a plantear que los gobiernos provinciales debían "aprovechar" la situación para venderle servicios al buque y que eso "generaba economía", e incluso a invitar a los fueguinos a "disfrutar" de la presencia de un petrolero de bandera británica en su capital.
Qué queda afuera: rescate y ayuda humanitaria
Consultado sobre eventuales excepciones, Dachary aclaró que las misiones de rescate al sur del paralelo 60, en el ámbito antártico, y las cuestiones humanitarias quedan al margen de cualquier medida que tome la provincia. Como ejemplo, recordó que durante la pandemia el Gobierno provincial —en funciones desde 2019— trabajó junto a la embajada del Reino Unido en la evacuación de personas que se encontraban en Tierra del Fuego. El eje, insistió, es desalentar toda acción que facilite o tienda a perpetuar la ocupación de las Islas Malvinas.
Pesca, hidrocarburos y el temor por la Cuenca Malvinas
El funcionario enmarcó el hecho en un momento que consideró "extremadamente complejo" para la cuestión Malvinas. Señaló que están en juego recursos argentinos y particularmente fueguinos, con la pesca dentro de las 12 millas —aguas de jurisdicción provincial— como corazón económico de las islas.
Pero puso el foco en un horizonte cercano: advirtió que en unos dos años podría iniciarse la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas, algo que —sostuvo— cambiaría por completo la ecuación económica de los archipiélagos y volvería más difícil la reapertura de las negociaciones de soberanía que reclama la Argentina.
El mandato constitucional y las críticas a la política nacional
Dachary recordó que la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional impone el mandato de trabajar por la recuperación pacífica del ejercicio de la soberanía, y citó la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, que reconoce a Malvinas como una situación colonial y llama a las partes a una solución pacífica de la controversia.
En contraste, cuestionó el rumbo de la política exterior de la gestión de Javier Milei. Como ejemplo, mencionó el acuerdo de cooperación pesquera que firmó la entonces canciller Diana Mondino con su par británico —el pacto conocido como Mondino-Lammy, de septiembre de 2024—, y remarcó la incongruencia de acordar cooperación en pesca cuando esa actividad es, según describió, el sostén económico de las islas.
Los pasos a seguir: la vía judicial
Sobre el futuro inmediato, Dachary indicó que los equipos jurídicos del Gobierno provincial evalúan si el accionar incumplió alguna normativa nacional o provincial y anticipó que, de ser necesario, se avanzará en el desarrollo de normas para que estos episodios no se repitan. De todos modos, aclaró que nada de esto habría ocurrido si el puerto no estuviera intervenido.
El conflicto de fondo, precisó, ya está judicializado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de una disputa de competencia originaria entre distintos niveles de gobierno. El funcionario reconoció que el máximo tribunal no tiene plazos para expedirse, aunque expresó la expectativa de que resuelva por la gravedad institucional del caso.
