Violencia escolar: se reunieron inspectores y miembros del Ministerio Público Fiscal para abordar la problemática
En "Tarde para Armar" con Maricel López, Samantha Fernández Massia, asesora en el Consejo de la Magistratura de la Nación, habló sobre la primera reunión interinstitucional con inspectores regionales, distritales y el Ministerio Público Fiscal.
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Inspectores regionales y distritales de la Región Educativa 19 y agentes fiscales del Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata que trabajan en responsabilidad penal juvenil armaron una mesa de trabajo interinstitucional. El objetivo es unificar criterios para intervenir en situaciones de conflicto y de vulneración de derechos en las escuelas.
La iniciativa la coordinó la abogada Samantha Fernández, asesora en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En LU9 explicó que la idea es que los docentes conozcan el alcance de la normativa y tengan “canales fluidos de comunicación institucional” con la Justicia.
De una capacitación masiva a una mesa chica
Fernández coordina mesas interdisciplinarias integradas por jueces, fiscales, psiquiatras, psicopedagogas y médicos. Capacitan a directivos e inspectores de distintas regiones educativas en temas como bullying, uso de armas, retos virales y la nueva ley de responsabilidad penal juvenil.
En la Región 19 dieron una capacitación a unos 600 directivos a mediados de octubre. Pero la abogada consideró que en una jornada “para tantas personas” y “en tan poco tiempo” es difícil llegar a criterios comunes. Habían quedado “bastantes dudas” y situaciones de inseguridad, porque el docente “a lo mejor no llega a comprender el alcance de la norma”.
“A mí los trabajos no me gusta dejarlos a medias”, señaló. Por eso impulsó una instancia más reducida, basada en el diálogo, entre el sistema educativo y el Ministerio Público Fiscal.
Quiénes participaron
Por el lado educativo, la mesa se organizó con los inspectores regionales Carolina D’Alessio y Diego Reinante, de gestión privada y estatal. Por el Ministerio Público Fiscal participaron los agentes fiscales Walter Martínez Soto, Marcelo Yáñez Urrutia, Mariana Baqueiro y Carlos Russo, con el aval y el acompañamiento del fiscal general.
Hubo dos encuentros. Primero se reunieron los fiscales con los inspectores regionales y distritales. Después hubo una reunión ampliada con inspectores de secundaria y de las modalidades Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, más integrantes del Consejo Regional de DIEGEP y de la Junta Regional de Educación Católica (JUREC). El Obispado de Mar del Plata y la JUREC prestaron los espacios.
Fernández destacó la buena disposición de los fiscales. Compartieron sus contactos y sus días y horarios de turno, y explicaron la norma “con un lenguaje muy claro y muy comprensible para el ámbito educativo”.
Qué denunciar y cómo actuar
Uno de los temas fue la delimitación de competencias: qué hechos hay que denunciar y cuáles pueden resolverse en el ámbito socioeducativo de la convivencia.
También se trataron las restricciones de acercamiento y de contacto entre estudiantes. En lo jurídico pueden ser “mucho más simple” de plantear, pero se complican en escuelas chicas. Además, se habló de cómo actuar si aparece un alumno armado, del resguardo de la identidad y la confidencialidad, y de cómo abordar peleas y hechos de violencia.
Para Fernández, lo más importante fue “la formalización de canales de enlace” entre escuelas y fiscalías.
Perder el miedo a la norma
La abogada aclaró que qué se denuncia “ya está establecido en el código”, pero muchas veces los docentes no tienen acceso a ese conocimiento. Con la nueva ley y lo que se difundió sobre “que los docentes son los denunciantes de sus alumnos”, explicó, apareció “una situación como de temor”.
Sentarse con los fiscales del área, sostuvo, permite entender el texto de la ley: “Una vez que uno empieza a comprender, pierde el temor”. También valoró poder “visibilizar los rostros de los operadores de la Justicia”.
La violencia contra docentes, fuera de agenda
Le preguntaron por las agresiones de padres a docentes que llevaron a medidas de fuerza en Mar del Plata. Fernández aclaró que ese tema no estuvo en el orden del día, porque corresponde al Código Contravencional y no es competencia del Ministerio Público Fiscal en materia penal juvenil.
Igual, contó que se informó a los inspectores sobre un cambio en ese código que sanciona a quienes hostiguen o ejerzan violencia contra docentes y personal de salud. El tema se tocó en relación con “no naturalizar la violencia” y “volver a respetar las instituciones”.
Un documento para cada escuela
El próximo paso es plasmar lo acordado en un documento que quede en cada establecimiento. La razón: “muchas veces van cambiando las autoridades educativas” y lo conversado “quedó en palabras”.
Fernández aclaró que no se crea un protocolo ni se modifica el código de procedimientos. Se trata de aclarar pautas y explicarlas “de una manera pedagógica sintética” para que todos las entiendan.
Mirada preventiva y “cuatro patas”
La asesora insistió en trabajar en conjunto en niñez y adolescencia, donde hay “cuatro patas”: la familia, la escuela, la sociedad y la Justicia. “El joven va pasando por todas estas etapas y no hay que dejarlo solo”, afirmó.
Aclaró que la mirada preventiva no excluye los límites: “Se habló de ley, se habló de cumplimiento de ley, se habló de límites claros”. Y advirtió: “Si vos tenés que aplicar la sanción que prevé la ley, ya llegaste tarde”.
Señaló además que en la región hay zonas “más preocupantes que otras” a nivel territorial. Según dijo, el apoyo de la Justicia sirve para prevenir, resguardar a las víctimas y abrir “espacios de segundas oportunidades y de restauración” para quien cometió el hecho, sin estigmatizarlo y sin cortar su continuidad pedagógica.
