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      Vuelven las amonestaciones: columna de educación con Víctor Palacios

      En diálogo con "Ecos de Mañana", programa que se transmite de 7.30 a 9.30 horas por LU9 Mar del Plata, el columnista Victor Palacios, docente y filósofo, habló el nuevo régimen de sanciones que deben implementar las instituciones educativas en el país.

      21 de octubre de 2026 | 11:50
      Vuelven las amonestaciones: columna de educación con Víctor Palacios

      Una pelea entre compañeros o la rotura de un banco en el colegio ya no tienen por qué terminar en la dirección de la escuela: si alguien los denuncia, pueden llegar a un juez. Así lo advirtió Víctor, columnista de filosofía y educación de LU9 Radio Mar del Plata, al analizar el impacto del nuevo Régimen Penal Juvenil en la vida escolar.

      Con la Ley 27.801, en vigencia desde septiembre, la edad de imputabilidad bajó de 16 a 14 años, lo que alcanza a chicos que cursan el segundo año de la secundaria. Entre las sanciones que prevé la norma, la primera es la amonestación, y por eso el columnista resumió: “volvieron las amonestaciones”. Aclaró que se trata de “un título un poco con trampa, pero hay una parte de verdad en lo que digo”.

      Qué cambia con la baja de la edad de imputabilidad

      Según explicó, la nueva ley de responsabilidad penal juvenil introduce cambios que afectan directamente a los chicos en edad escolar. Por un lado, baja la edad de punibilidad a los 14 años. Por otro, encuadra como delitos algunas conductas que antes se consideraban faltas o transgresiones.

      La norma establece además una escala de sanciones, desde la más leve hasta la prisión. En los casos de delitos graves, los adolescentes pueden recibir hasta 15 años de prisión.

      Para los delitos con penas menores, la ley ordena reemplazar la prisión por sanciones alternativas. Entre las herramientas previstas, Víctor mencionó la prisión domiciliaria, las tobilleras y el seguimiento electrónico.

      La amonestación: el primer escalón de la escala

      El columnista contó que en las escuelas están haciendo un trabajo de conocimiento de la ley y que, al leerla, encontró un dato llamativo: “el primer escalón es la amonestación”.

      La diferencia con la amonestación escolar de otras épocas es central: no la aplica la escuela, sino un juez. Puede usarse en situaciones iniciales, leves y sin antecedentes previos.

      Víctor la definió como “un llamado de atención”: el juez cita al adolescente delante de sus padres. Pero remarcó que no se trata solo de palabras, porque “constituye un legajo, constituye un prontuario” y “queda el antecedente”.

      Prohibiciones que pueden acompañar la sanción

      La amonestación judicial puede ir acompañada de otras consecuencias jurídicas más pesadas. Entre ellas, el columnista enumeró la prohibición de concurrir a lugares de recreación, de salir del país o de reunirse con determinadas personas en fiestas o encuentros.

      Es decir, el efecto no se limita al ámbito escolar: puede restringir actividades de la vida social del adolescente.

      De la travesura escolar al expediente judicial

      Uno de los puntos que más preocupa en las escuelas es que conductas habituales pueden judicializarse. Según explicó, “lo que antes era una travesura o algo que quedaba en el ámbito escolar” hoy puede encuadrarse como delito, por ejemplo, el vandalismo o el daño al mobiliario.

      Lo mismo ocurre con agresiones leves entre compañeros, como un golpe de puño. Si la escuela, un docente o la familia de la víctima hacen la denuncia, el caso pasa a manos de un juez. Si el juez considera que hay mérito, la sanción puede ir desde la amonestación o una multa hasta la prohibición de salir del país o, en los casos más graves, la prisión.

      “Las familias deben abrir los ojos”, advirtió, porque ahora la cuestión “ya no queda en la escuela, sino que pasa al ámbito jurídico”.

      Un reclamo social que alcanza a todos

      Víctor señaló que detrás de la ley hubo un reclamo social por endurecer las sanciones. Sin embargo, observó que “cuando se logra esa ley que endurece la situación, se aplica para todos”, incluso para quienes “pensaban que iba a ser para otros”.

      En ese sentido, sostuvo que las escuelas tienen “la obligación” de hacerles saber a las familias que tienen una responsabilidad sobre lo que hacen sus hijos. También destacó que el texto de la ley es “bastante claro” y “accesible” aun para quienes no pertenecen al ámbito jurídico.

      El desafío para las escuelas y la Justicia

      El columnista reconoció que la situación genera “una cantidad de problemas” en las escuelas, donde “se ve mucho esta tendencia a judicializar”.

      También planteó dudas sobre la capacidad del sistema judicial: “veremos en qué medida está en condiciones la justicia actual de hacerse cargo de estos desafíos”.

      Para Víctor, no hace falta demasiado criterio para distinguir los casos en los que vale la pena intervenir de aquellos que conviene dejar en manos de la dimensión pedagógica, que “suele ser un poco más adecuada para algunas cuestiones”. Y expresó su expectativa de que los jueces actúen “con buen criterio” a la hora de diferenciar cada situación.

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