El fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que suspendió a favor de Telecom Argentina los alcances del DNU 690/2020 complica la estrategia del Gobierno de regular los precios de las telecomunicaciones. Además de dejar sin efecto los artículos del 1 al 6 del decreto que declaró servicio público a las telecomunicaciones, el fallo también suspende tres resoluciones reglamentarias -1466/2020, 1467/2020 y 204/2021- del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que serán inaplicables a la empresa.

Gustavo López, vicepresidente del ENACOM adelantó que el organismo apelará la decisión ante la Corte y que seguirá adelante con la misma estrategia porque el decreto 690 "es de estricta justicia". Además se quejó porque "desde el punto de vista político una medida cautelar termina reemplazando al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sin resolver ninguna cuestión de fondo, acá lo que se persigue es que el decreto no se aplique".

En diálogo con Ámbito, López resaltó el fallo en minoría de la Sala II María Claudia Caputi quien rechazó el recurso de amparo interpuesto por Telecom al con considerar probado el perjuicio para la compañía. En cuanto a los jueces, José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, quienes admitieron la apelación de la empresa, el funcionario consideró que no tuvieron en cuenta "si las telecomunicaciones son o no un servicio esencial".

Por otra parte, López también adelantó que el lunes el ENACOM emitirá una resolución para mantener congelados los precios durante el mes de mayo para todas las empresas y servicios. Lo que no tendrá alcance sobre Telecom que ahora cuenta con el guiño de la Justicia.

Periodista: ¿Qué análisis hace del fallo de la Justicia federal que suspendió el DNU 690 a favor de Telecom?

Gustavo López: Estoy muy preocupado porque ningún juez declaró inconstitucional la norma. Todo el mundo tiene derecho cuando se dicta una norma a cuestionar la constitucionalidad y le toca a la Justica decir si es constitucional o inconstitucional. En el pasado reciente se usaban los amparos como medidas de fondo, es decir, la Justicia no se expedía sobre la constitucionalidad de la norma, pero de hecho no te la aplicaban porque el amparo la hacía inaplicable. Eso se reguló limitando temporalmente al amparo. Pero el problema es que hay una "Patria Cautelar" que termina reemplazando al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo.

La gente tiene derecho a ir a la Justicia, pero la Justicia tiene la obligación de resolver la cuestión de fondo. Ahora, no resuelve la cuestión de fondo, y el amparo actúa suspendiendo un decreto convalidado por el Congreso, y de hecho va a provocar una tremenda injusticia porque va a haber millones de personas abonadas a una empresa que no van a tener la protección del Estado. Es decir, la regulación del precio y la Prestación Básica Universal, quedan al libre albedrío del precio que le fije la empresa. Y por otro lado hay otros millones de usuarios que están amparados por el Estado. En cuanto al mercado el otro problema que provoca es que hay una empresa que va poder cobrar lo que quiera y las otras quedan sujetas a la regulación estatal.

P.: ¿Habrá otras consecuencias para los usuarios?

G.L.: Lo que los jueces no tuvieron en cuenta es si el de las telecomunicaciones es o no un servicio esencial. Digo, qué pasa con el acceso a las tecnologías en una situación de pandemia, no solo el año pasado que fue toda la educación virtual, sino que ahora tenés 2,5 millones de estudiantes universitarios en educación virtual, cientos de miles de estudiantes primarios y secundarios en los distintos distritos con educación virtual, 2,5 millones de trabajadores con teletrabajo y esa gente se tiene pagar de su bolsillo la conectividad y la empresa va a poder decir "vos para poder trabajar o estudiar me vas a tener que pagar tanto", el fallo trae estas consecuencias. Desde ENACOM tenemos tiempos hasta el 14 de mayo para ir a la Corte.

P.: Además del fallo, está pendiente la Prestación Básica Universal y las empresas de telecomunicaciones están aplicando aumentos no autorizados.

G.L.: Cuando el Presidente decide el DNU y luego el Congreso lo ratifica, se da en un marco en donde si vos parás a cualquier persona en la calle y le preguntás la relación precio calidad del servicio, te va a decir que siempre tiene problemas y que es caro, y le reclama al Estado que intervenga, y la Justicia dice "no, mientras tanto la empresa decide lo que le cobra". Se presentaron infinidad de medidas cautelares y se rechazaron todo, incluso en la Ciudad de Buenos Aires que se rechazaron los cuatro que se presentaron. Y la Cámara toma una de ellas y dice, por dos votos contra uno, que es la empresa la que tiene que fijar el precio. Es tremendo porque mientras discutimos la inconstitucionalidad quién debe fijar el precio es el Estado porque hay un principio de derecho administrativo que es que las acciones del Estado se presumen válidas. Pero interviene la Justicia, y no hay declaración de inconstitucionalidad, pero la norma que inaplicable. Nos parece un fallo de una profunda injusticia porque deja indefensa a la población.

La semana que viene 25 de 26 organizaciones de usuarios van a iniciar una demanda al revés para que se declare la certeza en el decreto y la devolución del dinero, y vamos a poder tener dos fallos absolutamente contradictorios. La democracia en nuestro país es imperfecta porque hay un poder Judicial que perdió el valor de la justicia. La Justicia la venda la tiene corrida, y con un ojo mira para un lado y con el otro que lo tiene tapado, no mira a la gente.

P.: ¿En este escenario cómo queda la Prestación Básica Universal?

G.L.: Con todas las empresas sigue menos con Telecom porque ahora la Justica la habilitó a que no la brinde, entonces todos los usuarios de Telecom que están en la indigencia o en la pobreza, o que son jubilados de la mínima, o que cobran al AUH no tienen derecho a la Prestación Básica Universal porque la Justicia dijo que se suspende esa parte del decreto y no tienen derecho. En todo caso si quiere la empresa lo otorga como dádiva, pero no es una obligación para la empresa ni un derecho para el ciudadano. Pero todos los demás ciudadanos de las demás empresas sí tienen derecho.

El fallo es disparatado, y nosotros como institución respetamos los fallos y vamos a ir en apelación. Desde lo técnico cuando uno presenta un amparo dentro lo que supone una inconstitucionalidad lo que le dice al juez es "yo pido la inconstitucionalidad, pero si usted tarda en resolver yo puedo quebrar entonces le pido que no aplique la ley porque pone en riesgo mi empresa". Todos los jueces de primera instancia rechazaron esa petición diciendo que eso no estaba fundamentado en ningún número, en la Cámara una jueza dice que eso no está fundamentado, y los otros dos jueces dicen sí a lugar y suspenden por seis meses la aplicación de la ley. Es la "Patria Cautelar" que reemplaza al poder político, como es posible que el Poder Ejecutivo dentro de sus facultades dicte un DNU, el Congreso lo convalida, se convierte en ley, nadie lo declaró inconstitucional, y sin embargo se suspende la aplicación.

P.: ¿Qué pasa con los aumentos que ya aplicaron este mes las empresas?

G.L.: El lunes vamos a sacar la resolución de que en mayo no hay ningún aumento autorizado. Y va a haber algún aumento muy pequeño para algún sector determinado en junio. Las empresas sabían que el lunes íbamos a sacar la resolución. Ahora no va a haber ningún aumento en mayo, salvo para Telecom que la Justicia la habilitó a aumentar.

P.: ¿En junio de cuánto será el aumento?

G.L.: En mayo no hay aumento para nadie y en junio va a haber un aumento segmentado, pero aún estamos viendo el corte de segmentación para los planes más altos y no para los más bajos. Nosotros ya la estábamos aplicando porque segmentamos en las primeras resoluciones que la justicia acaba de invalidar, con aumentos mayores para las pymes y las cooperativas que a las empresas grandes, a los servicios más altos les dimos un aumento más grande que a los servicios más bajos. En enero, febrero y marzo que fueron tres meses con aumentos más pequeños para adecuar la situación que venía del congelamiento se hizo la segmentación. En esta actividad se pueda aplicar sin problema la segmentación. Ahora la Justicia acaba de desbalancear todo sin tener en cuenta a las 55 millones de líneas telefónicas. Los usuarios son los 44 millones de argentinos.

P.: ¿Cómo venía la mesa de diálogo entre ENACOM y las telco?

G.L.: Veníamos de una reunión el jueves 22 de abril en Casa Rosada, al lunes siguiente tuvimos una reunión con las tres telco al mismo tiempo. El miércoles tuvimos un encuentro con Claro, el jueves con Movistar, y el lunes tenemos con Personal. Pero qué sentido tiene la reunión con Personal para que den la Prestación Básica Universal si mientras nosotros estábamos dialogando ellos estaban tratando de voltear el decreto. Es un diálogo que no tiene sentido. Qué sentido tiene sentarse con alguien que fue a la Justicia para que esto no se aplique.

P.: ¿Cómo seguirá la política del ENACOM?

G.L.: Sigue exactamente igual. Vamos a apelar para poder levantar esta medida. Hasta el día de ayer seguíamos con las sanciones a Telecom por incumplimiento con una multa diaria por no haber respetado el aumento, ahora se corta eso hasta que por orden de la Justicia se pueda reanudar. Nosotros seguimos con el mismo convencimiento. Un jubilado de la mínima tenía derecho a la Prestación Básica Universal que es tener un servicio más acotado por un precio accesible. El día de la reunión en Casa Rosada nosotros les mostramos como mujeres que tienen ingresos de $10 mil por todo concepto en su casa gastan $1.500 para darle conectividad a su hijo para que pueda estudiar, y que entonces la Prestación Básica Universal les iba a permitir tener una prestación mínima que les servía para la educación por $350. Ahora lo van a tener en todas las empresas menos en una que podrá ofrecer algo o podrá seguir cobrando lo que quiera.

Me pregunto si estos jueces creen que la conectividad no es esencial, que la conectividad no está en el día a día de todos nosotros, si saben que hay 2,5 millones estudiantes universitarios que estudian con esto, que el año pasado millones de chicos estudiaron a través del celular, si saben que hay más de 2,5 millones de personas con teletrabajo y que lo pagan de su bolsillo y que esta norma venía a protegerlos de posibles abusos. Porque no es que nosotros fijamos el precio que se nos ocurre. Hay una discusión, un análisis de costo, y queríamos un precio justo, equitativo y razonable donde la empresa no pierda plata y que el cliente pueda acceder. Ahora tiran todo por la borda. La sensación que uno tiene es que la Justicia perdió el valor axiológico, perdió el valor justicia.

P.: ¿Cómo habían sido los aumentos de las empresas antes del congelamiento?

G.L.: Las empresas durante los cuatro años de Mauricio Macri estuvieron en promedio 50 puntos por encima de la inflación. Porque estuvieron en 2017, 2018 y 2019 unos 10 puntos por arriba cada año, y en 2016 con los tarifazos fue tremendo, pero el promedio de toda la actividad estuvieron 50 puntos por encima de la inflación. En 2020 efectivamente estuvieron por debajo de la inflación pero sin perder clientes y sin dejar de facturar en un año en donde 3 millones de personas perdieron el trabajo y en donde 9 millones de personas tuvieron que cobrar un IFE de $10 mil para sobrevivir. En esa situación fueron en todo caso los que menos perdieron. Y en 2021, entre el 1 de enero y el 30 de abril los aumentos que recibieron le empatan a la inflación. Y las pymes y las cooperativas superan a la inflación porque en el 2020 habían perdido más.