En Indiana
Lisa Montgomery había asesinado a una embarazada para robarle el feto. Fue ejecutada con una inyección letal en la penitenciaría federal de Terre Haute, del estado de Indiana.
13 de enero de 2021
Estados
Unidos ejecutó este miércoles a una mujer que había asesinado a una embarazada
para robarle el feto, la primera ejecución federal de una mujer en casi 70 años
y uno de los últimos actos de la presidencia de Donald Trump.
"Lisa
Montgomery, 52 años, fue ejecutada en la penitenciaría federal de Terre Haute,
del estado de Indiana, a las 1:31" , anunció en un comunicado el
Departamento de Justicia.
Montgomery,
que en 2004 mató a una embarazada para quedarse con su feto, recibió una
inyección letal "de acuerdo con la pena capital recomendada por unanimidad
por un jurado federal e impuesta por la Corte del Distrito de Estados
Unidos" de Missouri, prosiguió el texto, citado por la agencia de noticias
AFP.
La Corte
Suprema había rechazado poco antes los últimos recursos presentados por los
abogados de la mujer, a pesar del desacuerdo de sus tres magistrados
progresistas.
Según los
defensores, su clienta padece trastornos mentales graves, consecuencia de las
agresiones y violaciones en grupo que sufrió cuando era niña, y no comprende el
sentido de su condena, una condición indispensable para que sea ejecutada.
Un juez
federal había ordenado el lunes suspender la ejecución a petición de la
defensa, pero el Departamento de Justicia apeló y un tribunal de apelación
anuló el fallo ayer.
En 2004,
Montgomery, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima -una
criadora de perros- en Internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa
de comprarle un terrier.
En su lugar,
la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé -que sobrevivió- y abandonó a la
joven de 23 años en un charco de sangre.
Trump, un
firme partidario de la pena de muerte, ignoró una petición de clemencia
presentada por los apoyos de Montgomery.
Además de
Montgomery, la administración Trump prevé ejecutar a dos afroestadounidenses
esta semana: Corey Johnson mañana jueves y Dustin Higgs, el viernes.
En estos
casos también existe incertidumbre tras la decisión de un tribunal federal de
bloquear sus ejecuciones.
Los dos
condenados a muerte contrajeron hace poco coronavirus, y la inyección letal
podría causarles un sufrimiento ilegal, consideraron los jueces.
Exguardias
de la penitenciaría de Terre Haute, por su parte, escribieron al secretario de
Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas
ejecuciones "hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra el
Covid-19".
Una
ejecución requiere que decenas de personas permanezcan en un entorno cerrado,
ambiente propicio para la propagación del virus, y por esta razón, los estados
suspendieron las ejecuciones durante meses.
El gobierno
de Trump hizo todo lo contrario y se mostró partidario de proceder con las
ejecuciones lo más rápido posible antes de dejar el poder.
"En las
últimas horas de la presidencia de Trump, hay una carrera por ejecutar a
personas que estuvieron en el corredor de la muerte durante años o incluso
décadas.
Es una
locura", denunció en la radio NPR esta semana el senador demócrata Dick
Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de
nuevo las ejecuciones federales.
Después de que los demócratas retomaran el control del Senado, es posible que ese texto se adopte tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que se opone a la pena capital y asume el 20 de enero.
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