"Existen aproximadamente 600.000 alumnos en las universidades nacionales de los que no sabemos si están inscriptos en alguna materia. No hay registros de su participación en clases regulares", señaló Torrendell en declaraciones radiales, sugiriendo que los fondos se distribuyen en función de cifras poco confiables. "Es una práctica que ha perdurado por mucho tiempo, y es un ejemplo de un sistema opaco", añadió, señalando la necesidad de una revisión profunda de los mecanismos de control en el sector educativo.

El secretario de Educación explicó que se ha iniciado una investigación para esclarecer esta situación y aclaró que el objetivo no es atacar a nadie, sino optimizar el uso de los recursos públicos en un contexto de escasez económica.

Por su parte, Pedro Sanllorenti, secretario general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, desmintió las acusaciones del gobierno en diálogo con LU9. Sanllorenti aseguró que estas declaraciones son infundadas y buscan "opacar la marcha universitaria del 2 de octubre", convocada en rechazo al veto presidencial y en defensa del financiamiento de la educación pública.