Antes de la votación, representantes de organismos de derechos humanos tomaron la palabra para manifestar su rotundo rechazo a la iniciativa. Señalaron que la instalación de un bar en un lugar que fue escenario de torturas y desapariciones forzadas constituye una falta de respeto a la memoria de las víctimas y sus familias.

Durante el debate, el oficialismo mantuvo un notorio silencio, sin intervenir en las discusiones. En contraste, los ediles de la oposición lanzaron fuertes acusaciones contra el gobierno local. Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria, afirmó contundentemente: "Aquí claramente hay un negocio detrás". Mariana Cuesta, presidenta del bloque de UxP, señaló al oficialismo diciendo: "Escucho silencio, se están traicionando a sí mismos".

En diálogo con LU9, Guglielmotti profundizó sobre su postura: "Nos parece inadmisible que un espacio de memoria sea utilizado con fines comerciales. Esto no solo banaliza el sufrimiento de las víctimas, sino que también demuestra una falta de sensibilidad y respeto por nuestra historia reciente".

Tras la votación, la tensión escaló cuando una representante de los organismos de derechos humanos se dirigió a las bancas de los concejales del oficialismo, reprochándoles a gritos su postura. La situación se volvió tan tensa que fue necesario que asesores y otros ediles intervinieran para evitar que el conflicto llegara a mayores.

La aprobación del proyecto ha generado una profunda división y ha reavivado el debate sobre la memoria y el uso de los espacios que fueron escenarios de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Mientras el oficialismo defiende la medida como una iniciativa de revitalización urbana, la oposición y los organismos de derechos humanos continúan denunciando lo que consideran una afrenta a la historia y la memoria colectiva.