OFICINA ANTICORRUPCIÓN
Es para evitar los riesgos de traspaso de información privilegiada que implican el ingreso y egreso a la función pública desde y hacia el sector privado, fenómeno conocido como 'puerta giratoria'.
29 de julio de 2021
La
Oficina Anticorrupción (OA) diseñará un "Sistema
de monitoreo de actividades privadas anteriores y posteriores al ejercicio de
la función pública" a
fin de registrar antecedentes, vínculos e intereses privados de las personas
que ingresen a altos cargos en el Estado Nacional.
El registro abarcará "desde tres
años antes de asumir" el cargo "y hasta un
año posterior al ejercicio de sus funciones",
dispone la resolución 15/2021, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el
titular del organismo, Félix
Crous.
El artículo 1° encomienda a la Dirección de Planificación
de Políticas de Transparencia el diseño del sistema que registrará "antecedentes,
vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos
cargos en el Estado Nacional -hasta tres años antes de asumir el cargo-, así
como también de actividades realizadas por estas personas al egreso de la
función pública -hasta un año posterior al cese de funciones".
El objetivo es el "el cotejo y verificación
del cumplimiento de las normas pre y post empleo público, con mecanismos de control
ciudadano y transparencia
activa", detalla el
texto.
En tanto, el artículo 2° encomienda a la misma
dirección "la proyección de medidas y la articulación con los diferentes
actores públicos y privados necesarios para que el diseño, formulación,
evaluación y planificación colaborativa" del sistema "pueda expresar
su potencialidad".
El registro había sido anunciado por Crous en el marco de
una disertación que realizó hace 15 días en un seminario de la Cámara de
Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AnCham), sobre las políticas de
transparencia que lleva adelante la Oficina Anticorrupción.
Tal como había manifestado Crous en aquella
oportunidad, la medida publicada puntualiza en sus considerandos que "el
ingreso y egreso a altos cargos públicos desde y hacia el sector
privado, fenómeno conocido
como 'puerta giratoria', implica riesgos de captura de la decisión pública que
pueden perjudicar el interés público en beneficio de intereses privados
específicos mediante el traspaso de información privilegiada o la falta de
imparcialidad e independencia de criterio".
En este sentido, estima que esos riesgos "se
agravan cuando las personas que desempeñan cargos directivos en empresas o
entidades privadas reguladas o controladas por determinados organismos públicos
son designadas para cumplir funciones en tales organismos".
"Lo mismo ocurre cuando quienes ejercieron
funciones públicas pasan o regresan a ocupar cargos de alta jerarquía en el
sector privado, en especial cuando se trata de autoridades superiores del Poder
Ejecutivo Nacional", advierte el texto.
La norma concluye diciendo que "a efectos de
controlar el cumplimiento de las normas de ética pública, resulta necesario
monitorear la circulación en la ocupación de altos cargos en el sector público
desde y hacia el sector privado que pudieran acarrear situaciones de conflicto
de intereses u otros riesgos de incumplimiento de dichas normas".
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