El caso, a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, tiene como principal imputado al policía Cristian Andrade, señalado como el autor del disparo que mató a Márquez de un escopetazo en la cabeza. Recientemente, el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI) ha recabado nuevos testimonios que coinciden en que la policía fue quien inició el conflicto con una actitud abusiva y violenta. Según Bouzas, estos relatos descartan la versión policial de que actuaron en defensa propia.

Los testimonios indican que, previo a la llegada de la policía, Márquez estaba involucrado en una pelea con otro reciclador, la cual no había escalado. Sin embargo, al intervenir la policía de manera agresiva, se desencadenó el trágico desenlace. Bouzas argumenta que lo sucedido es más un caso de violencia y abuso policial que de un procedimiento adecuado, subrayando que disparar a una persona a tres metros de distancia no se justifica bajo ningún protocolo.

El abogado también desestimó la afirmación del imputado de que el disparo se produjo accidentalmente durante un forcejeo, señalando que las cámaras de seguridad y los testimonios contradicen esa versión. Además, cuestionó la gravedad de las lesiones presentadas por el policía, que no son consistentes con una situación de riesgo extremo.

El caso también incluye heridos, como Fernando, el hermano de Emanuel Márquez, quien sufrió disparos de bala de goma en el ojo izquierdo y en la pierna. Por este motivo, Bouzas ha solicitado la imputación del primer policía que fue detenido, por el delito de lesiones graves agravadas.

La investigación sigue en curso, y se han pedido más declaraciones testimoniales para fortalecer la acusación contra los responsables del crimen.