González relató que la federación presentó una acción judicial para que se haga cumplir la ordenanza vigente que impide la circulación de vehículos de aplicaciones sin habilitación, pero la causa quedó trabada por declaraciones de incompetencia de distintos juzgados. "Presentamos la cautelar, el juzgado reconoció que teníamos razón, pero se declaró incompetente. Luego otro también se declaró incompetente. Ahora la Suprema Corte le ordenó al juzgado de trabajo número 4 que se expida y tome una determinación", explicó.

El dirigente sostuvo que la falta de controles municipales generó una competencia desleal que desplomó el trabajo de los taxis: "Nuestro trabajo ha caído un 70%. Tenemos muchas obligaciones porque somos un transporte habilitado, pero con estas tarifas y esta caída no sabemos cómo vamos a seguir. En marzo vencen 450 coches y no sabemos cómo renovarlos", señaló.

Además, advirtió sobre el riesgo para los pasajeros que utilizan plataformas: "No tienen seguro de pasajeros transportados. El día que haya un accidente, el municipio será solidariamente responsable".

Sobre la situación actual del sector, describió un panorama crítico: "Hoy no estamos los 2.147 taxis en la calle porque no pueden renovar los coches. Un auto nuevo sale más de 30 millones de pesos, más habilitación y todos los costos. Hay más de 400 licencias que están paradas".

González reclamó que el municipio ejerza el poder de policía y haga cumplir la ordenanza: "Si tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Lo único que pedimos es control, que se cumpla la ley. Si hay una ley, queremos que se cumpla".

Finalmente, planteó que una medida posible sería asignar esas licencias paradas a choferes que hoy trabajan en plataformas, para que lo hagan en forma habilitada y regulada, garantizando la seguridad y formalidad del servicio.